Ernesto de la Jara sobre ley de colaboración eficaz: “Favorece totalmente a los corruptos”
Medida desalentadora. De ser aprobada por el Congreso, modificaciones serían aplicables a casos abiertos como el de Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, Alejandro Toledo y el mismo presidente de la República, Pedro Castillo, así lo comentó el fundador de IDL.
En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Ernesto de la Jara, fundador de IDL, sobre los esfuerzos del Congreso de la República para tumbarse la ley de colaboración eficaz.
¿Cómo ves el intento desde el Congreso para tumbarse la figura de colaboración eficaz? ¿Qué explica esta unión tan contranatural entre Fuerza Popular y Perú Libre?
Es uno de los temas que unifica a casi todos los partidos políticos al igual que la reforma universitaria o el transporte informal. Como la mayoría de partidos políticos están vinculados a la corrupción, están tratando de sacar normas que frenen la lucha anticorrupción.
Se ha dado un dictamen frente a algo que es el talón de Aquiles del delito; es decir, para qué modificar algo que estaba funcionando bien. Ha funcionado para combatir a Sendero Luminoso, para la corrupción de los 90 y para casos como Lava Jato o Los dinámicos del Centro. Entonces por qué dar una norma que trata de desalentar a que hayan colaboradores. Favorece totalmente a los corruptos porque desalienta claramente la colaboración eficaz.
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¿Por qué el gobierno de Pedro Castillo no ha dicho algo? Tenemos a Aníbal Torres que es abogado, catedrático y sabe perfectamente lo que implica esto.
¿Quiénes están a favor de la ley? Es muy elocuente. Los miembros de la comisión son varios fujimoristas, está Podemos Perú, de José Luna Gálvez, que también es investigado y se le ha embargado un montón de plata. Está Cerrón de Perú Libre.
¿Quiénes están en contra? La Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría y, en su momento, el Ministerio de Justicia. Lo que pasa es que ahora ni Castillo, ni Aníbal Torres, ni el titular del Minjus se pronuncian porque también les conviene que no haya colaboración eficaz. Lamentablemente, estamos viendo que en el Gobierno ya hay hechos evidentes de corrupción, ya hay sospechas sobre el propio presidente de la República y no han sido esclarecidas; sino se han ido complicando.
Recordemos que tenemos a casi todos los partidos políticos relacionados con gravísimos actos de corrupción y, por tanto, todos tienen prisión preventiva, detención domiciliaria, extradición. La colaboración eficaz es una figura muy especial que no se puede ceñir a los parámetros como si fuera una figura ortodoxa.
¿Cuál es el problema con los plazos?
Actualmente, la colaboración eficaz no tiene plazo desde la solicitud hasta que se aprueba el acuerdo de colaboración eficaz entre el fiscal y el aspirante a colaborador, pero, a partir de allí, sí tiene.
El juez tiene un plazo para observar, homologar. Después, hay un tiempo para apelar. Lo que no tiene plazo, y este dictamen trata de ponerle, es cuando una persona solicita la colaboración y el fiscal decide firmar el acuerdo de colaboración eficaz o no, eso depende solo del fiscal.
Yo hice una investigación, una tesis para una maestría sobre la colaboración eficaz. Entrevisté a un montón de jueces, fiscales, procuradores, colaboradores que habían participado en procesos reales.
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Una de las preguntas fue ‘¿Debería tener plazo?’. Todos sin excepción dijeron que no. ¿Por qué? Porque es un tema muy complejo, es criminalidad organizada, donde tienes que hacer investigaciones, pericias internacionales. Por ejemplo, Lava Jato tiene que ver con Brasil, tienes que cruzar mucha información.
En segundo lugar, tienes que corroborar lo que dice el colaborador y, además, eso lo revisa el juez si está corroborado al 100%. Son casos complejos, por tanto se tiene el plazo de 36 meses. La colaboración puede durar ocho meses y puede extenderse a otros ocho meses si es crimen organizado.
Todo está encaminado a desalentar. Creo que en estos momentos donde hay un montón de colaboradores y casos no puedes cambiar las reglas. Las normas que se cambien se aplican también a todos los casos que están en proceso porque son normas procesales.
