Entre octubre de 2021 y enero de este año, la comisión investigadora del supuesto fraude en las Elecciones Generales 2021, grupo de trabajo que preside el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, le ha costado al Perú 148.478 soles, entre personal y otros gastos administrativos.
La República accedió a un informe elaborado por el área administrativa del Congreso de la República que precisa que, hasta enero de 2022, se destinaron 144.194 soles únicamente para el pago de los sueldos de dos asesores II (Roque Augusto Bravo Basaldua y Andrés Eduardo Salas Jaén) y dos técnicos (Daniel Ernesto Rodríguez Sánchez y Federico Guillermo Muñiz Salmón).
Integrantes activos y cesados de la comisión investigadora de las Elecciones 2021. Foto: documento
Bravo Basaldua y Rodríguez Sánchez ya han laborado anteriormente en el Parlamento, específicamente como asesor y técnico, respectivamente, de la comisión Lava Jato que presidió la entonces fujimorista Rosa Bartra. El informe final del referido grupo de trabajo fue cuestionado por excluir de acusar al expresidente Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
En tanto, Andrés Eduardo Salas Jaén es un almirante (r) de la Marina de Guerra y militante activo de Renovación Popular. Según el Registro de Organizaciones Políticas se afilió a la organización que lidera Rafael López Aliaga en noviembre último; sin embargo, simpatiza con dicho partido desde antes de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021.
En el registro de pagos también figura el nombre de Federico Guillermo Muñiz Salmón, quien fue incluido como testigo en la investigación por presunto lavado de activos que se le sigue a Keiko Fujimori. Ello debido a que su nombre aparece en la relación de aportantes que presentó la agrupación naranja ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El grupo de trabajo se conformó el 9 de setiembre del 2021. Para realizar las diligencias se solicitó un plazo de 120 días hábiles, que vencerá entre la primera y segunda semana de marzo.
Luego que se dio a conocer que múltiples denuncias de Fuerza Popular sobre supuestas firmas falsas en actas electorales fueron archivadas por el Ministerio Público, distintas tiendas políticas exigieron el cese de la comisión que lidera Jorge Montoya.
Tal es el caso del parlamentario de Perú Libre Elías Varas, quien presentó una moción de orden del día para que se desactive dicho grupo por “carecer de objetividad para seguir en funciones, toda vez que no ha logrado hasta la fecha un solo indicio fuerte que permita seguir en el proceso de investigación”.
“A la fecha solamente ha ocasionado gastos al erario nacional y, tras 107 días laborales, no ha cumplido los objetivos para los cuales fue creada, como lo demuestran las resoluciones de fiscalías”, se lee en el documento.
Se sumó a este pedido Juntos por el Perú: “Hay que respetar la voluntad popular. También hemos venido pidiendo que se desactive esta comisión del fraude que para nosotros no tiene sentido que exista”, declaró Ruth Luque, vocera de dicha bancada.
La exministra de la Mujer y presidenta de Nuevo Perú, Anahí Durand, también cuestionó que la comisión siga funcionando y recordó que “le cuesta recursos al Estado”.
“En el Congreso todavía existe una Comisión para investigar el ‘fraude’ electoral pese a que ya las investigaciones desestimaron esa falsa acusación de quienes perdieron las elecciones. La bancada Juntos por el Perú propone que se desactive porque, además, le cuesta recursos al Estado”, manifestó Durand Guevara en un tuit.