La Defensoría del Pueblo se pronunció luego de que un reportaje de Punto Final diera a conocer que trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ofrecían, de manera irregular, puestos dentro de dicha entidad a personas cercanas al partido oficialista Perú Libre.
A través de un comunicado, la entidad que preside Walter Gutiérrez instó al MTC a “investigar en forma exhaustiva este caso y, de corresponder, determinar responsabilidad administrativo-disciplinaria en las/os funcionarias/os implicadas/os”.
Asimismo, la Defensoría precisó que “funcionario público es quien ejerza función pública, independientemente del régimen laboral o contractual que lo vincule”. Ello, luego de que el despacho de Juan Silva emitió un comunicado donde indica que Juan Altamirano Sánchez prestó servicios como locador en la Secretaría General de dicha cartera.
“Recordamos que la función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”, se lee en el texto.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a “garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad de Provías Nacional y Provías Descentralizado”, unidades adscritas al MTC encargadas de la gestión y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte de la red vial.
“Se requiere que su personal cuente con la especialización y experiencia necesarias para implementar soluciones al grave problema de la inseguridad vial en el país que afecta los derechos a la integridad y vida de las personas”, reza el documento.
Comunicado de la Defensoría del Pueblo. Foto: captura de Twitter
Este martes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones comunicó que Juan Altamirano Sánchez y Julio Lazo Álvarez “ya no tienen ningún vínculo” con la institución luego de que se revelara que ofrecían cargos a allegados al partido del lápiz.
“El MTC ha dispuesto que el Organismo de Control, la Procuraduría Pública y la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del sector realicen las diligencias necesarias para determinar si existen evidencias de la comisión de delitos u otros que correspondan y procedan conforme a sus atribuciones”, indicó la entidad.