El destituido procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, presentó – el último lunes –una acción de amparo ante el Poder Judicial, con el que busca su restitución en el cargo al frente de la Procuraduría. A pesar de que un informe de la Contraloría General de la República concluyó no reunía los requisitos para ocupar el cargo, el cual ocupó hasta el 1 de febrero del 2022.
El recurso presentado por Soria argumenta que su remoción del cargo solo podría darse, por ley, debido por causales específicas que en este caso no se habrían dado. Señala que la resolución que dispone su salida solo se fundamenta en la “pérdida de confianza” pese a que le correspondía ejercer el puesto por cinco años.
En este pedido, también sugiere que se conmine al presidente de la República, Pedro Castillo, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, a no incurrir en “conductas infractoras de la Constitución”.
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El pasado 1 de febrero, el Gobierno dio por concluida la designación del abogado Daniel Soria Luján como procurador general del Estado.
Esta decisión se justifica, dice el documento, en una pérdida de confianza del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Detrás, aunque no se le menciona, está un informe de la Contraloría General de la República en el que se concluye que Soria no reunía los requisitos previstos en las normas para ocupar ese puesto.
De acuerdo con la Contraloría, una de las condiciones para ocupar el cargo de procurador general del Estado era tener experiencia en la defensa jurídica del Estado. Luego de evaluar su currículo, la Contraloría concluyó que Soria no cumplía con ese requisito.
Daniel Soria acude al Poder Judicial para regresar a la Procuraduría. Foto: captura de documento