El país atraviesa por una crisis política aguda al mando del gobierno del presidente Pedro Castillo, quien está por nombrar a su cuarto gabinete en menos de un año de gestión. Ante lo incierto que parece el destino del país debido a que el mismo mandatario ha revelado en entrevista que no estaba preparado para asumir el más alto cargo del Ejecutivo, sumado a los presuntos hechos de corrupción con los cuales se vincularía, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ha solicitado a Castillo que convoque a un Consejo de Estado.
Esto, con la finalidad de “unificar esfuerzos y adoptar compromisos sobre políticas públicas”, según escribió en un oficio.
“Me permito cursar esta misiva como presidenta de un poder del Estado, pues, si bien el principio de separación de poderes forma parte del núcleo esencial de nuestra Constitución, hoy en día ya no implica una división tajante entre los órganos estatales, sino un mandato de cooperación y coordinación, conforme lo ha indicado el Tribunal Constitucional”, refirió Barrios.
El Consejo de Estado se conformó el 8 de octubre de 1821, mediante el Estatuto Provisional, que fue la primera ley constitucional del Perú, y no fue tan distinto a lo que se realiza ahora. En su momento, se trató de armar un grupo de expertos en su materia a fin de “dar su dictamen al Gobierno en los casos de difícil deliberación”.
En el 2004, durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, el entonces titular del Congreso, Ántero Flórez-Aráoz, sugirió la creación de un Consejo de Estado con el objetivo de realizar reuniones mensuales de coordinación para que ayuden a manejar el Estado a fin de beneficiar a la población.
En un primer momento, el encuentro sería solo entre los titulares de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para el año siguiente, en enero del 2005, se unió el presidente del Tribunal Constitucional, pues en ese momento se analizaba la crisis del Andahuaylazo.
En el 2006, Flores-Aráoz propuso a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, de la cual él era presidente, el proyecto de ley para formalizar el Consejo de Estado, en donde las cabezas de las instituciones estatales clave se reunirían para tratar temas de interés nacional y se respetaría el principio de separación de poderes.
El presidente ha convocado a Consejos de Estado cada vez que se ha suscitado una crisis de cualquier ámbito (seguridad nacional, salud, política) para unir fuerzas y opiniones de distintos sectores con la finalidad de trabajar para combatir o abordar el problema y llegar a una solución en común.
En este sentido, en el 2014, el Gobierno de Ollanta Humala solicitó una reunión de Consejo de Estado para discutir la seguridad ciudadana, y en el tiempo de su gestión se llevaron a cabo estas convocatorias otras siete veces más.
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En el gobierno del ex jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski se convocó una vez para debatir la lucha contra la corrupción.
Ya en el mandato de Martín Vizcarra, se realizaron ocho sesiones de Consejo de Estado, en donde el primer asunto que se trató fue el escándalo del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, con el caso CNM Audios’ y los demás fueron sobre medidas para lucha contra la pandemia de la COVID-19.
Para la gestión del presidente de transición Francisco Sagasti, el Consejo de Estado se reunió 10 veces, también por el tema de la pandemia, que fue el centro de su política de gobierno.