Katy Ugarte sobre designación irregular de Daniel Soria: “Esperemos que se corrija”

La congresista Katy Ugarte de Perú Libre se pronunció sobre el informe de la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), emitido por la Contraloría General de la República, donde se determinó que la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado fue irregular. La parlamentaria pidió que este tema sea corregido “al más breve plazo”.

“El informe emitido por el Órgano de Control Institucional ha determinado que el señor Daniel Soria Luján fue designado sin cumplir el requisito de tener trayectoria en la defensa jurídica del Estado. Esperamos que en el más breve plazo se corrija esta mala designación”, escribió en su cuenta de Twitter.

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Contraloría: Designación de Soria como procurador general del Estado es irregular

Este lunes, la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) elaboró un informe, emitido por la Contraloría General de la República, donde concluye que Daniel Soria no cumple con la experiencia y los requisitos para asumir el máximo cargo en la Procuraduría General y así liderar la defensa jurídica del Estado.

“El Informe de Acción de Oficio Posterior se emite con el objetivo de comunicar al titular de la entidad la existencia de hechos con indicios de irregularidad que afectan la designación del procurador general del Estado, con el propósito de que adopte las acciones que correspondan”, se puede leer en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 002-2022-OCI/0281-AOP.

Soria fue nombrado en el cargo el 1 de febrero del 2020 a través de una resolución suprema, pero esta no contaba con un informe que sustentara la legalidad del nombramiento. El informe de la OCI concluye que el actual procurador del Estado incluyó como experiencia profesional el haber sido asesor I de la Adjuntía en Materia Constitucional en la Defensoría del Pueblo, pero esta no sería compatible a la labor propia de la defensa jurídica del Estado, requisito que es indispensable y está planteado en la normativa de la Procuraduría General del Estado.