Este viernes 28 de enero de 2022, el presidente de la República, Pedro Castillo, cumple seis meses en el cargo al que llegó tras ser vencedor de las últimas elecciones generales con Perú Libre. Durante casi el medio año que estuvo al mando del país, el profesor cajamarquino no brindó entrevistas a la prensa, hasta que precisamente este mes decidió conversar con dos medios locales y con el periodista Fernando del Rincón de la cadena internacional CNN, a quien le respondió que nunca fue preparado para ser jefe de Estado y que está en un proceso de aprendizaje.
Dicha entrevista, en lugar de aclarar dudas y brindar confianza en la población, hizo que el presidente avive más las reacciones en su contra por parte sus opositores, pues al ser consultado por los ministros que nombró y que luego salieron por ser cuestionados se justificó diciendo que los designó en los puestos sin saber que en casos específicos algunos tenían vínculos con el terrorismo.
Asimismo, en conversación con Del Rincón, el mandatario se pronunció sobre la posibilidad de brindarle acceso al mar a Bolivia e indicó que eso va a depender de la decisión de los peruanos, dejando alguna probabilidad. Del mismo modo, dejó un sinsabor al evitar contestar si considera que los Gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua son dictaduras.
En sus rondas de conversaciones con los periodistas César Hildebrandt (Hildebrandt en sus trece) y Nicolás Lúcar (Exitosa), Pedro Castillo repitió que nunca fue preparado para asumir la presidencia de la República y reveló que no lee periódicos ni ve televisión por estar enfocado en su labor. Además, volvió a negar cualquier tipo de vinculación con la empresaria Karelim López y con el caso Petroperú. Una vez más negó recibir alguna clase de consejo del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Entrevista a Pedro Castillo de CNN. Foto: Presidencia
En este medio año que Pedro Castillo estuvo al mando, también se tuvo que enfrentar a un intento de vacancia. Desde antes de que asumiera como presidente de Perú, desde la oposición ya se barajaba un posible intento de sacarlo del poder desde el Congreso de la República. Quien dio el primer paso para esta intentona de destitución fue la tercera vicepresidente de dicha institución, Patricia Chirinos, al presentar una moción, la cual obtuvo la cantidad de firmas suficientes para que su admisión a debate se discuta en el pleno.
Sin embargo, la propuesta de la oposición del Legislativo para retirar a Castillo Terrones del cargo no llegó a buen puerto y no se admitió poner a debate ni citarlo al Parlamento para que se defienda por los cuestionamientos en su contra. Los resultados quedaron con 76 votos en contra, 46 a favor y cuatro abstenciones. Fueron 128 los congresistas que marcaron la asistencia a esa sesión y para admitir a debate el pedido se necesitaban 52 votos, el 40% de la representación.
Expertos advierten que el uso constante de canales de comunicación insuficientes por parte del jefe de Estado y representantes del congreso se debe al debilitamiento institucional de nuestro país. Foto: Composición de Fabrizio Oviedo / GLR
Otra de las piedras en el sinuoso camino del presidente de la República hacia sus primeros seis meses en el Gobierno fue la designación de ministros de Estado, ya que el último octubre tuvo que modificarse la conformación del gabinete ministerial que planteó el 29 de julio y hasta el momento se ha cambiado a 12 funcionarios de Estado.
Los exministros que salieron de su puesto y fueron reemplazados son Carlos Gallardo (Ministerio de Educación), Roger Incio (Ministerio de la Producción), Héctor Béjar (Ministerio de Relaciones Exteriores), Guido Bellido (Presidencia del Consejo de Ministros), Iber Maraví (Ministerio de Trabajo), Juan Carrasco (Ministerio del Interior), Juan Cadillo (Ministerio de Educación), Yván Quispe (Ministerio de la Producción), Iván Merino (Ministerio de Energía y Minas), Ciro Gálvez (Ministerio de Cultura, Luis Barranzuela (Ministerio del Interior) y Walter Ayala (Ministerio de Defensa).
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A ellos se les suma Avelino Guillén, quien este viernes 28 de julio presentó su carta de renuncia al Ministerio del Interior, luego de un desacuerdo con que se diera de baja a personal dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) que —consideraba— estaba capacitado para permanecer. Además, tampoco estaba conforme con determinados ascensos recomendados por el jefe de la Policía.
En este tiempo, Castillo Terrones no se ha liberado de escándalos dentro del Ejecutivo. Uno de los casos más mediáticos que pusieron en el ojo de la tormenta al presidente de la República y a su entorno fue el del exministro de Defensa Walter Ayala y el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, quienes habrían cometido los presuntos delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad en ascensos militares. Por este hecho, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra ambos exfuncionarios.
Un tema por el que también se cuestionó al mandatario fue la presencia de la empresaria Karelim López en Palacio de Gobierno y la casa de Breña donde se reunió con Bruno Pacheco. Esto ocurrió poco antes de que el Consorcio Puente Tarata III, al cual asesoraba López, ganara la licitación para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga, en San Martín.
El último gran escándalo en el que se vio envuelto Castillo Terrones fue el caso Petroperú. Poco antes de que Heaven Petrolum Operators (HPO), empresa de Samir Abudayeh, ganara una licitación millonario con Petroperú, el jefe de Estado mantuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el mencionado empresario, con el gerente de la compañía estatal, Hugo Chávez, y con Karelim López.
Expertos advierten que indagaciones a Bruno Pacheco, Karelim López y contratistas de Petroperú podrían generar indicios suficientes que justifiquen la apertura de una investigación contra Pedro Castillo. Foto: Composición de Fabrizio Oviedo / GLR
Tras esto, la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por las reuniones que mantuvo en Palacio de Gobierno, pero en el mismo acto suspendió todas las diligencias que esa decisión pudiera generar hasta julio de 2026, cuando el mandatario termine su gestión.
Tan solo a dos meses del inicio de gestión del Congreso de la República, la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Patricia Juárez, presentó un dictamen para regular la cuestión de confianza que poco después fue aprobado por el Pleno del Congreso. Ante ello, el Ejecutivo observó la autógrafa de ley y decidió presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
Este último 26 de enero, el organismo revisó la demanda y quedó al voto, por lo que la declaratoria de inconstitucionalidad de esta ley depende de que cinco integrantes del Pleno voten a favor de ello. Actualmente, son seis magistrados en el TC.
Otra de las reformas que generaron una intervención del Gobierno fue el dictamen que limita el referéndum, el cual también fue propuesto por la Comisión de Constitución y se aprobó por insistencia en el pleno del Parlamento. De la misma manera, el Gobierno dispuso interponer una demanda de inconstitucionalidad ante esta ley, por lo que también quedará en manos de los magistrados del Tribunal Constitucional.