Luego de que el ministro Aníbal Torres anunciara en una entrevista para La República que iba a evaluar el expediente del procurador general del Estado, Daniel Soria, debido a que había tomado conocimiento de que no cumpliría con los requisitos fundamentales para estar en el cargo, esto generó polémica dada la situación de fricción que afronta Soria respecto al presidente Pedro Castillo.
Como se informó, el procurador general del Estado interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra el mandatario por las reuniones con la empresaria Karelim López en el inmueble de Breña, tras las cuales salió favorecido con una licitación del Consorcio Puente Tarata III que ella representa. En el documento acusó a Castillo Terrones de los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
Por su parte, Torres manifestó que la revisión al expediente del nombramiento del procurador es porque se cuestiona que este no tiene experiencia en la defensa del Estado y que, pese a los comentarios, él actúa “con base en los hechos probados y a la ley.”
Sin embargo, los abogados penalistas Liliana Calderón y Luis Lama Puccio se mostraron convencidos de que, dada la coyuntura, ese accionar se presta para diversas interpretaciones negativas, incluso como una represalia contra Soria por la denuncia presentada ante la Fiscalía.
“Tendría que evaluar si realmente se puede hacer, no sé si legítimamente existe una causal por la cual se pueda remover. Estuve leyendo que, en caso hubiera sido un nombramiento nulo, probablemente ya hubiera prescrito el plazo. Pero eso tiene que especificarlo un administrativista que confirme si realmente existe una causal porque, si no, los demás son meras opiniones, conjeturas y hasta incluso se puede tomar como represalias”, manifestó a este medio Calderón.
A su turno, Lama sostuvo que las declaraciones de Torres generan mayor “zozobra y desconcierto”, pero que “en su contenido, es un acto de represalia por la actitud que está asumiendo el procurador de acuerdo a sus atribuciones y a la Constitución”.
En esta situación y con una denuncia en pie, los especialistas también consideraron que el ministro Aníbal Torres debería abstenerse de realizar dicha revisión, ya que este no es el mejor momento y podría generarle mayores cuestionamientos.
“Creo que es inoportuno el comentario, sobre todo por la coyuntura. Hacia afuera se podría ver como una suerte de respuesta frente a una conducta con la que no está de acuerdo el Ministerio de Justicia (...). Si requiere algún cambio, tiene que hacerse respectando estrictamente las causales por las cuales se podría o no remover a un funcionario, pero, además, tendrían que ser en circunstancias distintas que no generen ningún tipo de controversia o malos entendidos”, explicó Liliana Calderón.
Luis Lama, a su vez, comentó que el ministro de Justicia, “como defensor de la democracia”, debería apoyar las gestiones del procurador, ya que se desarrolla acorde a sus funciones.
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“Llama poderosamente la atención que, habiéndose suscitado una controversia respecto a la actitud asumida por el procurador de acuerdo a sus funciones, justamente ahora el ministro plasme ese tipo de declaraciones. No es momento para evaluar las actitudes asumidas por el procurador frente a un tema vinculado con la corrupción”, finalizó.