El Poder Judicial rechazó el recurso que planteó la empresa Lima Expresa (antes LAMSAC) para apartarse del juicio oral en el que la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato demanda el pago de una reparación civil de S/17 millones a favor del Estado peruano.
Mediante una resolución, el juez Raúl Caballero Laura manifestó que la eventual responsabilidad civil y la posible indemnización a favor del Estado, en base al incremento ilegal de la tarifa de peaje de la Línea Amarilla, no fue materia de discusión entre la Municipalidad de Lima y la compañía Lima Expresa, como lo indicó la Cámara de Arbitraje Internacional de Paris en un laudo de junio de 2020.
La procuradora ad hoc Silvana Carrión Ordinola sostuvo que la decisión del juez Caballero es de importancia “para los intereses del Estado y de todos los limeños”, pues enfatizó en que permite que el juicio en contra de Lima Expresa prosiga y no evada el pago de la indemnización.
“Esperamos que el Poder Judicial aplique justicia en este caso y ordene que la compañía pague la reparación civil que solicitamos, cuyo monto por ahora es de S/17 millones”, agregó.
Asimismo, la abogada de Estado recordó que, por este caso, ya hay un funcionario público que ha sido condenado y también que, pese a que la empresa LAMSAC cambió de razón social a Lima Expresa, no está eximida de una posible responsabilidad civil.
“Al adquirir una empresa se asumen todos los pasivos y activos que esta tiene. La empresa Vinci Highways, actual dueña de Lima Expresa, compró la concesión Línea Amarilla a mediados de 2016, cuando las prácticas corruptas de OAS ya se conocían en Brasil. Esa compra, además, se hizo cuando en Perú ya existía en curso una investigación penal contra el exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Domingo Arzubialde, quien ya ha sido condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión por el incremento ilegal de la tarifa del peaje”, sostuvo Carrión Ordinola.