Silvana Carrión sobre Lima Expresa: “Ninguna resolución los autorizó a elevar el peaje a S/5.90 ”

Este domingo se cumple una semana desde que la concesionaria Lima Expresa (antes Línea Amarilla o LAMSAC) optó por aumentar el peaje en todas las casetas de la capital a S/5.90. Sin embargo, dos recursos de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato están por definirse en el Poder Judicial, y buscan precisamente la reducción a S/5.20.

La cronología hasta este momento se remonta a 2019, cuando Silvana Carrión Ordinola, procuradora ad hoc, logró que se reduzca el peaje de S/5.70 a S/5.20, costo que se pudo mantener hasta el 1 de julio último.

Sin embargo, un tribunal superior dejó sin efecto esta decisión a comienzos de este año. Desde entonces, hay un pedido para que sea una nueva Sala la que revise dicho requerimiento en favor de los usuarios de la comuna limeña y también para que se reestablezca el monto de S/5.20. El Poder Judicial aún no se pronuncia sobre el tema, pero Lima Expresa ha decidido subir la tarifa.

Al respecto, Silvana Carrión señaló a este diario: “El pedido [para reducir el costo] de la Procuraduría ad hoc en representación de los ciudadanos está vigente y no hay una decisión final sobre esto. Sin esperar una definición sobre esta solicitud, la empresa LAMSAC (hoy Lima Expresa) aprovechando la coyuntura y las disputas legales ha decidido elevar la tarifa de los peajes. Rechazamos esa conducta”.

La representante del Estado, además, puntualizó que su solicitud para apartar a los jueces que deshicieron la reducción de los peajes, obecedece a que “la Corte Suprema indicó que uno de los magistrados que tomó esa decisión no era competente para emitir esa decision porque adelantaron opinión sobre el fondeo de esta medida. A partir de esa información le pedimos a la Sala que anule esa decisión [para restablecer la reducción a S/5.20]”.

Sentencia por corrupción

El contexto de estas medidas tienen su origen en el caso Línea Amarilla, donde el exgerente de Promoción e Inversión Privada Domingo Arzubialde Elorrieta, fue condenado en doble instancia en 2019 a 4 años y 8 meses de prisión por el delito de negociación incompatible.

“En primera instancia se indicó que él favoreció de manera ilegal a la concesionaria Línea Amarilla (Lima Expresa) en el reajuste de tarifa de peajes”, añadió Carrión Ordinola, enfatizando en que cuando se determinó la disminución a S/5.20 se consideró esta sentencia, pues los efectos del delito cometido por Arzubialde, quien cambió la fórmula para que se incrementen gradualmente los peajes desde 2013, estaban vigentes.

La República ha documentado en notas previas que en segunda instancia el Poder Judicial validó la existencia de un beneficio a LAMSAC cuando Arzubialde, exfuncionario en la gestión de Susana Villarán, aplicó una fórmula ilegal al variar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) en 2013, distinta a la fijada por el contrato de concesión firmado con la concesionaria en 2009, permitiendo con ello a Línea Amarilla (hoy Lima Expresa) obtener ganancias fuera de lo establecido.

Por otra parte, Carrión también respondió al comunicado de Lima Expresa sobre el aumento a S/5.90: “Indicaron que cumpliendo un mandato judicial se les autorizaba a elevar la tarifa del peaje. Pero eso no es correcto, no es cierto. Lo que ha hecho el Poder Judicial dejar sin efecto la reducción a S/5.20, pero ninguna resolución en materia penal los ha autorizado a elevar la tarifa de peaje a S/5.90”.

“Podemos decir que durante el proyecto Línea Amarilla hubo un acto de corrupción sentenciado, acreditado y que el Poder Judicial ha determinado que hubo negociacion incompatible. Hay un doble discurso de la compañía que se debe aclarar”, agregó.

Investigaciones y próximo juicio

“La base contractual de ese proyecto [Línea Amarilla o Lima Expresa] son actos de corrupción que vienen siendo investigados por la Fiscalía”, añadió la procuradora ad hoc, quien sostuvo además que el caso tiene cinco investigaciones fiscales, desde su concesión hasta su ejecución.

Entre esas pesquisas destacan las del equipo especial Lava Jato, que indaga también presuntos actos de corrupción de la obra en las gestiones de Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán. El caso del reajuste ilegal de los peajes es solo una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía, sostuvo Carrión.

Por otra parte, es necesario precisar que Lima Expresa tiene pendiente un juicio oral con el fin de que se defina cuánto de reparación civil debe pagar al Estado precisamente por haberse beneficiado del aumento ilegal de los peajes desde 2013.

El Segundo Juzgado Unipersonal Anticorrupción ha fijado para el siguiente 5 de agosto el inicio del juicio oral donde se determinará si la concesionaria paga S/17 o S/100 millones a favor de los usuarios, por pedido de la Procuraduría ad hoc.

“La compañía [Lima Expresa] tiene todos los recursos legales que considere que debe aplicar, respetando el debido proceso; pero tienen que ser conscientes de que cuando compraron esta concesión, la compraron con todos los pasivos que ya tenía respecto a las contingencias penales por actos de corrupción. Por transperencia empresarial deben esperar a que se definan las disputas legales para luego tomar las decisiones comerciales que correspondan. Finalmente el dinero de 20 céntimos mas lo van a pagar los ciudadanos que diariamente pasan por las garitas. La responsabilidad empresarial tiene que ser interiorizada por la concesionaria en este tipo de acciones”, finalizó la procuradora ad hoc.

El Poder Judicial tiene la oportunidad de resolver en las siguientes semanas si procede el apartamiento de los jueces para que un nuevo tribunal decida finalmente si se reestablece el costo de S/5.20 a favor de la comuna en Lima Metropolitana.

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