El presidente Pedro Castillo, a través de su abogado, ha puesto a disposición de la fiscal provincial Nora Cordova, de la primera Fiscalía Especializada Corporativa en Corrupción de Funcionarios Públicos, el levantamiento de su secreto bancario así como tributario y telefónico, en el marco del proceso seguido contra el gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez, por el presunto delito de negociación incompatible tras la reunión en Palacio junto al proveedor de biodiésel que ganó una licitación de más de US$70 millones.
“Habiendo sido notificado que usted tiene un proceso penal donde se pretende hacer diligencias en Despacho Presidencial, con el objetivo de realizar, las diligencias y presentar una declaración de transparencia, el suscrito autoriza que se levante el secreto bancario, tributario y el secreto de las comunicaciones para lo cual muestra su conformidad de ello y se allana ha dicho pedido”, señala el documento.
Asimismo, solicitó que se le precise la fecha y hora para brindar su declaración en Palacio de Gobierno, además del pliego de preguntas que se le formularán.
En otra parte del documento, resaltan “con preocupación” el actuar del fiscal adjunto Luis Alberto Medina respecto a su participación en el allanamiento de la casa de Pizarro realizado el último lunes 20 de diciembre, pues señalan que fue “abusivo y avasallador”.
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“El fiscal adjunto Luis Alberto Medina Rodrigo ha querido realizar diligencias en la Secretaria del Despacho Presidencial, quitándole celulares, maquinas, computadores, archivos y tomar declaraciones a las secretarias, asistentes, personal policial y a todos las personas se les oponía, este fiscal adjunto las amenazaba con señalar que las iba a denunciar por el delito de obstrucción a la justicia”, indica el oficio.
Añadieron también que el mencionado “ha dejado que la prensa tenga información privilegiada” sobre la diligencia planificada en Palacio, lo cual no debería suceder ya que se estaría llevando un “juicio paralelo” en la prensa contra el presidente Pedro Castillo. Por ello, solicitaron que se le separe del caso.
El presidente Pedro Castillo acudió esta mañana del 21 de diciembre al Ministerio Público con el objetivo de comunicarse con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y manifestarle su disponibilidad “para colaborar con la justicia”, a fin de que se realicen las investigaciones en su entorno que sean necesarias. Tras ello, el jefe de Estado rechazó haber cometido actos en contra de la ley.