La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso decidió archivar el caso de la congresista Rosselli Amuruz de Avanza País, quien fue denunciada por participar de una reunión social en plena pandemia, pese a las disposiciones sanitarias contra la COVID-19.
Con 10 votos a favor, tres en contra y una abstención, el grupo de trabajo aprobó el informe de calificación que declaraba improcedente la denuncia contra Amuruz.
Durante la sesión también se archivó el caso del parlamentario Alejandro Soto Reyes de Alianza Para el Progreso, quien fue denunciado por el gobernador regional de Cusco, Paul Benavente, por utilizar su programa periodístico en la región con fines difamatorios.
Según el informe de calificación elaborado por la secretaría técnica de la Comisión, la denuncia se declaraba como improcedente. fue aprobada con ocho votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.
Asimismo, la Comisión de Ética declaró fundada la denuncia contra Héctor Valer, legislador de Somos Perú, por haber agraviado a su colega José Cueto de Renovación Popular.
El grupo de trabajo parlamentario recomendó una amonestación escrita pública con 15 días/multa y que se rectifique en un medio de comunicación y ante el Pleno en un plazo no menor de 30 días después de aprobado el documento. La votación tuvo como resultado 11 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención.
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La misma comisión recibió, además, las declaraciones testimoniales de congresistas y ciudadanos dentro de los procesos investigativos que se siguen contra Guillermo Bermejo de Perú Libre y Carlos Alva de Acción Popular.
Bermejo es juzgado por marcar asistencia en el Pleno del Congreso mientras realizaba otras actividades en simultáneo, mientras que Alva Rojas fue denunciado por agredir verbalmente a inspectores municipales de transporte de la Municipalidad Provincial de Ascope en La Libertad.