Juez decidirá pedido contra PPK para evitar su salida del país por 36 meses

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria, definirá en los siguientes días si corresponde o no dictar 36 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el exministro de Transportes y Comunicaciones José Ortiz Rivera y el expresidente ejecutivo de Proinversión, René Cornejo Díaz.

Los tres exfuncionarios están siendo investigados por el fiscal José Domingo Pérez por haber concertado, presuntamente, con la empresa Odebrecht durante la administración de Alejandro Toledo (2001-2006) y así beneficiarla con la concesión de la carretera Interoceánica Sur (tramos 2, 3 y 4).

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Por estas razones, los fiscales adjuntos Diego Mauricio Torres y Luz Flores Tarapa, en representación del equipo especial Lava Jato sustentaron este martes el pedido de prohibición para viajar al extranjero contra PPK y los citados ex altos funcionarios que fue presentado en setiembre pasado.

Además de dicha medida, se requirió también que se les prohíba comunicarse con testigos o coprocesados en el caso, no ausentarse de su domicilio sin autorización, y presentarse ante las autoridades judiciales o fiscales cuando sean llamados.

Luego de varias horas de debate, el juez Chávez Tamariz anunció que emitirá su resolución en los próximos días para determinar si aplica o no lo requerido por el fiscal Domingo Pérez.

Hechos contra PPK

Para la Fiscalía, uno de los hechos principales que involucran el pacto de acuerdo ilícito (colusión) entre las autoridades peruanas y Odebrecht se remonta al 22 de diciembre del 2004, cuando se aprobó el “Plan de Promoción de Inversión Privada del proyecto IIRSA Sur” en una sesión de Proinversión donde estuvo presente Alejandro Toledo.

En esta sesión participaron además Kuczynski como ministro de Economía y Finanzas; José Ortiz Rivera, entonces ministro del MTC, y René Cornejo Díaz como presidente ejecutivo de Proinversión.

El entramado del caso Interoceánica Sur, en otro de sus expedientes, figura el expresidente Alejandro Toledo como acusado por los delitos de colusión y lavado de activos por haber recibido, supuestamente, US$35 millones de Odebrecht y pactar con Jorge Barata a cambio de la adjudicación de la obra vial que abarcaba la carretera Perú-Brasil, pero solo en los tramos 2 y 3.

Actualmente, Pedro Pablo Kuczynski cumple arresto domiciliario con otras restricciones desde 2019 hasta abril de 2022 por el caso Westfield Capital, donde se le investiga por presunto lavado de activos.

En este caso se le imputa a PPK haber ideado “normas adecuadas para la materialización de acuerdos corruptos, con el propósito de que se le otorgue la buena pro a las concesionarias IIRSA SUR (tramos 2 y 3) y Trasvase Olmos [ambas integradas por Odebrecht] para que Westfield Capital Ltd. [empresa de PPK], sea contratada en la estructuración financiera que debían cumplir las concesionarias como una exigencia en las bases”.

El dinero recibido por dichas asesorías, entre el 2004 y 2007, fue de US$1.019.057. Estas ganacias ilícitas luego habrían sido transferidas a diversas cuentas del Perú y el extranjero para “blanquear” el origen ilegal del monto.

En setiembre pasado, se le confirmaron sus limitaciones rechazándose su pedido que buscaba eliminar su impedimento para declarar a la prensa y comunicarse con coinvestigados.