“Keiko instruyó a la organización para pedir otra entrega de dinero de Odebrecht”, afirma fiscal Pérez
Fiscalía continuó sustentando este jueves los principales cargos contra Keiko Fujimori y el resto de acusados en el caso Cócteles: organización criminal y lavado de activos.
La Fiscalía viene sustentando desde esta semana sus elementos por crimen organizado y lavado de activos, delitos por el que están acusados Keiko Fujimori y el núcleo duro que habría encabezado en sus campañas presidenciales del 2011 y 2016 en el caso Cócteles (Odebrecht).
José Domingo Pérez, en este sentido, hizo hincapié en las declaraciones de Dionisio Romero Paoletti, quien aportó US$3.65 millones en 2011 (en 17 transferencias) y US$450 mil en 2016 a Keiko Fujimori.
El fiscal también ofreció al juez Víctor Zúñiga las declaraciones que corroboran las reuniones entre el fallecido empresario Juan Rasmuss Echecopar y Fujimori en las oficinas de la empresa Sudamericana de Fibras S.A., donde habría recibido, tanto ella como su entorno de confianza, dinero en efectivo para la campaña presidencial del 2011.
Para el Ministerio Público, el informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) elaborado este año que asegura que los aportes de Credicorp (BCP) a través de Dionisio Romero “incumplieron la ley del sistema financiero”, pues las entregas de dinero se hicieron a espaldas del directorio de Credicorp, lo que generó “indicios de clandestinidad de operaciones efectuadas”.
La declaración de febrero de 2020 de la extesorera del partido, Ana Matsuno, también se ha adjuntado como elemento de convicción, pues reveló que le entregaron un sobre con dinero dirigido a Jaime Yoshiyama cuando visitó la empresa Sudamericana en el contexto de las elecciones del 2016.
Los testimonios de falsos aportantes así como otros que apuntan a que Keiko encabezó la organización criminal fueron sustentados también en esta audiencia.
El testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki dado en 2019, por ejemplo, también fue ofrecido para un eventual juicio: “Se tiene conocimiento que Keiko Fujimori organizó con los abogados del Estudio Oré Guardia a cargo de Arsenio Oré y Edward García Navarro la estrategia para buscar el archivamiento del caso por lavado de activos, en tanto que se tendría que convencer o presionar a los falsos aportantes para que mientan y se ratifiquen como verdaderos aportantes”.
En total, son 1900 elementos de convicción que tiene el fiscal Domingo Perez contra los acusados, solo por el delito de crimen organizado. El caso que ya se encuentra en una fase previa al juicio oral (etapa intermedia) tiene diversas penas contra los implicados y, para Keiko Fujimori, se solicitó desde marzo de este año 30 años de cárcel.
El origen del “blanqueo”
Durante su argumentación, el fiscal Domingo Pérez sostuvo además que fueron cinco las actividades que dieron pie a la generación de dinero ilegal en la campaña presidencial del 2011: los aportes de Odebrecht, Dionisio Romero (US$3.65 millones), el empresario chileno Juan Rasmuss, la CONFIEP, y del investigado por narcotráfico Luis Calle Quirós (US$15 mil).
Acerca del millón de dólares que envió Odebrecht a través de offshores y teniendo como intermediario al ciudadano peruano Gonzalo Monteverde y su empresa Construmaq, Pérez agregó que la red criminal que lideró Keiko “utilizó sus cuentas bancarias a través del banco Scotiabank, depósitos y transferencias, recurriendo a la modalidad de ‘estratificación o pitufeo’ para luego justificar que ingrese el dinero al sistema financiero y evadir el control de la ONPE”.
“Keiko instruye a la organización criminal y a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya para que soliciten otra entrega adicional de medio millón de dólares de Odebrecht. Se da la condición de agravante porque todavía era congresista”, añadió el fiscal que acusa a Keiko a 30 años de prisión.
Para el delito de lavado de activos, así como el de crimen organizado, la Fiscalía ha considerado importante incluir como elemento de convicción el acuerdo de culpabilidad que firmó Odebrecht con Estados Unidos en 2016 así como el de colaboración que suscribió con las autoridades peruanas para el caso de la carretera Chacas-San Luis, donde se condenó al exgobernador de Áncash, César Álvarez.
