Las huellas del 14N que no se borrarán jamás

Inti no ha muerto, está más presente que nunca. Todavía sigue en su casa y en la quinta del Cercado de Lima, con su juventud y su singular energía. “No ha muerto”, vuelven a repetirnos sus hermanos Killa y Pacha.

Esta familia, de raíces ayacuchanas y cusqueñas, cree que la muerte es una prolongación de la vida, una parte de ella. Por lo tanto, Inti Sotelo Camargo no ha partido. Está presente en un altar que le han levantado en su hogar, en la sala, en cada espacio de sus vidas. Junto a sus fotos también está el retrato de su abuelo. “El abuelo Froilán nos transmitía desde niños esa manera de pensar, esa cosmovisión andina, que la muerte es una evolución”, confiesa Pacha. Les repetía también que no se debe aceptar injusticias ni los abusos del poder.

El 14 de noviembre del 2020, Inti Sotelo Camargo fue a marchar precisamente en rechazo a una mayoría irracional en el Congreso que logró la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra y puso en su puesto a un cuestionado Manuel Merino.

Ese día, en medio de las protestas, el joven de 24 años recibió un disparo mortal en el sol (inti) que llevaba tatuado en el pecho. Todavía duelen los reclamos de justicia y el llanto de sus padres Luzdilán y Salvador al confirmar en el hospital que su hijo había fallecido.

Un recuerdo vivo

Jack Bryan Pintado Sánchez es también otro recuerdo vivo.

Su padre Óscar dice a La República que todavía parece verlo ayudándolo en los trabajos de carpintería, en los cachuelos o cuando hacía sus bromas. O le parece verlo pidiendo su plato favorito, el lomo saltado. “Era muy alegre, muy contagiante, con esas ganas de vivir de todo muchacho. Tenía la sangre loretana pues”, nos cuenta su todavía dolido padre.

Jack recibió en las refriegas con la policía, en el Centro de Lima, diez heridas de perdigones, en ese fatal 14 de noviembre. Cuatro de ellos en la cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo derecho.

Sus 22 años se apagaron de esa manera feroz, mientras era llevado a rastras por otros jóvenes que pedían ayuda a gritos. Pero todo fue en vano.

Esta semana los familiares de Inti y Bryan, y también los miembros de la Asociación de Heridos del 14N, han vuelto a reunirse con representantes de la Defensoría, de la PCM, del Congreso, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) al cumplirse un año de los sucesos que llevaron a Manuel Merino (AP) a un efímero y rechazado gobierno.

“Volver a nuestras vidas”

A la asociación pertenece Albert Ñahui Pérez, quien todavía sufre mareos y desmayos, desde que el 14 de noviembre le impactó un artefacto (“hasta ahora no sé de qué tipo”) que le fracturó el craneo. Hasta ahora lleva una placa de titanio, ha perdido el olfato y tiene una escasa visión en el ojo izquierdo.

Antes de lo sucedido, Ñahui, que fue infante de la Marina, jugaba al fútbol, natación, practicaba varios deportes. Hoy no puede hacer nada. “Queremos volver a nuestras vidas, a lo que éramos antes, no pueden dejarnos de lado”, les envía un mensaje a los congresistas.

Otro herido es Jon Cordero (25). Recibió el impacto de un proyectil el 14 de noviembre cuando protestaba entre Lampa y Nicolás de Piérola. El artefacto le fracturó una vértebra y dañó su médula, causándole una paraplejia. Estuvo mes y medio inmovilizado.

Hoy se ayuda con una prótesis y muletas para caminar. Desea postular a la universidad, pero no le es fácil, todo se le ha convertido en cuesta arriba.

Una gran impulsora de esta asociación de heridos es Gloria Alejandro Yáñez (27), quien con un grupo de amigas sanmarquinas protestaba contra las acciones de Merino y su premier Ántero Flores-Aráoz.

El 12 de noviembre al escapar de una embestida de la policía, cayó al suelo y sufrió una doble fractura, del peroné y la tibia. Una foto que le tomó una de sus amigas, donde se ve su pierna morada y deforme, le recuerda el dolor de lo vivido.

Luego de las cirugías, de las placas que le insertaron, de los clavos, necesitó rehabilitación, que no le dieron por la pandemia. ¿El resultado? Se moviliza con dificultad y así cumple su oficio de profesora virtual. “Soy la que sustenta la casa, papá dejó de trabajar. Por la pandemia todo es difícil”, explica.

Gloria comenta ante nuestro diario: “Todos tenemos el derecho a la protesta y nuestra Constitución lo ampara.

Y eso fue lo que hicimos. No acudimos a las manifestaciones por ser delincuentes o por ser utilizados, como dicen algunos. Somos trabajadores, estudiantes, hemos realizado labor social y por eso salimos a las calles, por la indignación ante tanta corrupción y hartos de esa clase política que cree que nuestro país es un juego”, reflexiona a un año de lo sucedido.

Investigaciones en curso

El último miércoles, familiares de Inti y Bryan, sus abogados y representantes de la Asociación de Heridos del 14N destacaron la labor fiscal en este caso.

En el Ministerio Público se realizan dos indagaciones. La primera, iniciada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra quienes entonces eran altos funcionarios: Manuel Merino (presidente), Ántero Flores-Aráoz (premier) y Gastón Rodríguez (ministro del Interior).

A ellos, en octubre de este año, Ávalos ya les formuló denuncia constitucional. Ahora será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la que evalúe la denuncia. Por el momento, el proceso está paralizado. “Si el Congreso tiene voluntad de verlo, lo haría en poco tiempo”, explica el Dr. Carlos Rivera.

La segunda investigación está a cargo de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, bajo el mando de la fiscal Jhousy Aburto, para establecer la responsabilidad policial.

Igualmente, a nivel administrativo disciplinario hay otra indagación. Aquí, Inspectoría General PNP había concluido que ni Jorge Lam ni Luis Cayas ni los otros 9 oficiales tenían responsabilidad en los excesos cometidos. El viernes, el ministro Avelino Guillén confirmó que la decisión había subido a última instancia, al Tribunal de Disciplina Policial.

Y ayer se supo que dicho Tribunal anuló la resolución de Inspectoría que archivaba el proceso contra los policías implicados. “Se acabó la impunidad. El Tribunal de Disciplina Policial declaró la nulidad de la resolución de Inspectoría General que los absolvió. Ordena que todo se inicie de nuevo”, comentó el Dr. Ronald Gamarra.

Un año de ausencias

En tanto, Killa seguirá teniendo presente a su hermano gemelo Inti. “Recuerdo que celebrábamos juntos nuestros cumpleaños. Con los amigos íbamos al cine, a la playa, a las reuniones, incluso hemos estudiado juntos... Todo eso se siente, todo eso se vive”, relata, con nostalgia, a La República.

Y don Óscar, padre de Bryan, seguirá explicando ante su ausencia. “No hay nada que pueda compensar una vida humana, lo más doloroso es saber que no está, que no volverá”. Y se promete buscarle justicia.

Proponen reparación y que Congreso ayude a lograr justicia

El gobierno de Pedro Castillo debe dar una reparación inmediata a los jóvenes heridos y a las familias de las víctimas en las marchas, indicó la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). “No hay un monto establecido, pero proponemos que sea justa, de manera proporcional al daño causado. Hay quienes tienen lesiones mentales, traumas visuales, lesiones de menor gravedad. Es justo se les permita recuperar sus proyectos de vida”.

Agregó que no se puede esperar “lo que seguro demorará el proceso judicial”.

También pidió al Congreso no proteger a los implicados y que “deje a la fiscalía hacer su trabajo”.

Finalmente recordó que aún se necesita una reforma urgente de la Policía. Pidió al ministro Guillén que asuma esa responsabilidad.