Gabinete Bellido no evaluó caso Abimael Guzmán en sesiones del Consejo de Ministros, según actas
Actas oficiales de la PCM del mes de setiembre no cuentan con mención alguna de ministros o del presidente Castillo sobre qué hacer con el cuerpo del cabecilla de Sendero Luminoso.
El 11 de setiembre del presente año murió uno de los mayores genocidas de la historia del Perú, el cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Esta fue una de las noticias más importantes del año en nuestro país y por ende acaparó la agenda nacional por varias semanas, salvo la de las máximas autoridades del Gobierno, quienes en sesiones oficiales del Consejo de Ministros no hicieron mención alguna del caso y qué hacer con los restos del terrorista.
Latina Noticias tuvo acceso a las actas de las sesiones del mes de setiembre de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), semanas en las que se discutía qué hacer con el cadáver del criminal; sin embargo, en las reuniones oficiales del gabinete que aún era presidido por Guido Bellido existían otras prioridades.
Entre los días 12 y el 29 de dicho mes se realizaron siete sesiones de la PCM y, según lo informado por el citado medio, las actas revelan que nunca se debatió ni evaluó el caso Guzmán Reinoso. Ningún ministro o el propio presidente Pedro Castillo hizo mención del tema.
Como se conoció anteriormente, la participación del mandatario en estas sesiones es casi nula; sin embargo, en una intervención del 29 de setiembre, cuando Abimael Guzmán ya había sido incinerado, el jefe del Estado pidió al equipo ministerial priorizar algunos temas.
PUEDES VER: Aníbal Torres: Montesinos me dijo que él y Abimael Guzmán tenían un plan para pacificar al país
Los proyectos de inversión pública y la delegación de facultades legislativas fueron dos de los seis asuntos prioritarios solicitados por Castillo Terrones.
Cabe recordar que la decisión de cremar los restos del fundador de Sendero tuvo la conformidad de los tres poderes del Estado. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, propuso la ley que fue aprobada por el Congreso y promulgada casi de inmediato por Pedro Castillo.
