Asamblea de Gobiernos Regionales pide no estigmatizar a todos como corruptos
Aunque no mencionan la detención del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, el pedido de prisión preventiva para autoridad de Madre de Dios, en pronunciamiento exhortan al Poder Judicial y Fiscalía a actuar alejados de la politización.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió un pronunciamiento este miércoles en el que rechazan que se estigmatice a todas estas entidades del Perú como corruptas. Aunque no menciona el caso particular del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien fue detenido el sábado por presuntamente liderar una organización crimina, la ANGR indica que el señalamiento de corrupción debilita la institucionalidad y el proceso de descentralización.
Incluso, exhortan al Poder Judicial y al Ministerio Público a que actúen en el marco de la ley y la ética, que las investigaciones se realicen alejados de la politización. “El debido proceso y la presunción de inocencia son garantías constitucionales que el sistema de justicia está obligado a observar y no hacer abuso de la prisión preventiva que es excepcional”, indica en el pronunciamiento.
En un párrafo siguiente, piden a los medios de comunicación no adelantar juicios y no generalizar los casos. También invocan al Ejecutivo a que se manifieste en defensa de la institucionalidad.
Casos
El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, consejeros regionales y funcionarios de la entidad permanecen detenidos por la Policía Anticorrupción luego de que el juez de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, José Málaga Pérez, ordenará 10 días de detención preliminar para ellos.
De acuerdo a la investigación fiscal, Cáceres Llica, mediante sus funcionarios de confianza, captó a siete consejeros para que lo favorezcan a su gestión y no censuren a los gerentes cuestionados. A cambio, coordinó la entrega de terrenos, dinero en efectivo, cupos de trabajo y hasta el manejo de algunas obras.
Otro caso es el del gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, para quien la Fiscalía Anticorrupción de dicha región requirió prisión preventiva por el plazo de 36 meses. La autoridad es acusada, junto a otras nueve personas, por presuntamente pertenecer a una organización criminal denominada Los Hostiles de la Amazonía, que se dedicaría a traficar ilegalmente la madera.