Ana Neyra sobre el Congreso: Está limitando la confianza y mantiene inalterable su capacidad de vacar
Proyecto que modifica la cuestión de confianza solo buscaría proteger al Congreso de una posible disolución. La ex ministra de Justicia señaló figura del juicio político podría ser la solución para mantener el equilibrio de poderes.
La próxima semana el Pleno del Congreso de la República aprobaría por insistencia la ley que modifica la cuestión de confianza impulsada por la Comisión de Constitución, liderada por la fujimorista Patricia Juárez, pese a las observaciones realizadas por el Gobierno de Pedro Castillo.
Ana Neyra, exministra de Justicia, explicó que de ser aprobada la autógrafa de ley se le estaría quitando herramientas constitucionales al Ejecutivo, ya que esta medida no evalúa las figuras que posee el Parlamento como la vacancia presidencial o la censura.
“El inconveniente es que el Congreso está regulando para proteger sus fueros, para protegerse de una eventual disolución. Está limitando la confianza para que no se llegue al supuesto de la disolución y mantienen inalterable su capacidad de vacar a un presidente”, expuso.
Aunque existen diversos proyectos para modificar estas figuras constitucionales, como la presentada por el Partido Morado, Neyra resaltó la propuesta del Ejecutivo, la cual establece que la censura a ministros solo puede ser dada por temas de gestión.
Asimismo, el Gobierno de Castillo Terrones aceptaría las limitaciones de la cuestión de confianza planteadas por el Parlamento; es decir, solo procedería por temas vinculados al Poder Ejecutivo y no otras instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional, el Legislativo o la Defensoría.
“Han tratado de hacer un proyecto que tenga limitaciones en los dos lados, el tema es ver si el Congreso va a aceptarla o va a priorizar lo que ya tienen listo”, indicó.
La exministra de Justicia precisó que si se elimina la vacancia por incapacidad mental, interpretada como moral, podría traer problemas si en un futuro, el gobernante de turno no es apto para el cargo.
Ante esta disyuntiva, comentó que existen dos posibilidades. La primera es reforzar la figura constitucional del juicio político, la cual permite sancionar a un mandatario por delitos en ejercicio de sus funciones.
La otra alternativa es aumentar las causas por las que se puede acusar a un presidente en funciones, lo cual ya está establecido en el artículo 117 de la Constitución vigente, pero de manera delimitada.
“Decimos que la vacancia por incapacidad moral es demasiado amplia, no es compatible con la forma de gobierno que tenemos en el Perú, entonces busquemos alternativas y estás podrían ser el juicio político o ampliar las causas”, argumentó.