Pedro Pablo Kuczynski mantendrá restricciones por el caso Odebrecht
Tribunal de apelaciones decidió que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski continúe incomunicado con testigos del caso Westfield Capital.
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El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien cumple arresto domiciliario desde abril de 2019, seguirá cumpliendo una serie de restricciones en el caso Westfield Capital (Odebrecht).
La Sala de Apelaciones Anticorrupción integrada por los jueces superiores Helbert Barreda, Víctor Enríquez y Yeni Magallanes decidieron ello a inicios de setiembre, negando el pedido de la defensa del exmandatario que consistía en levantar tres limitaciones:
a) La incomunicación con sus coinvestigados: su exchofer José Bernaola Ñufflo; su exsecretaria personal, Gloria Kisic Wagner; y su exsocio, el economista chileno Gerardo Sepúlveda Quezada.
b) La incomunicación con testigos del caso (José Morales Dasso y el excongresista Gilbert Violeta)
c) Prohibición de efectuar declaraciones a los medios de prensa, radial, escrita o televisiva sobre la investigación que dirige en su contra el equipo especial Lava Jato.
Resolución del tribunal que confirma las prohibiciones contra PPK.
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El abogado de PPK, César Nakazaki, sostuvo semanas atrás en audiencia que estas restricciones debían eliminarse poeque los testigos Morales Dasso y el exlegislador Gilbert Violeta ya habían declarado por el caso ante la Fiscalía en varias ocasiones y que ya no era necesaria la incomunicación con sus coinvestigados por el tiempo transcurrido y la disminución del peligro de fuga y obstaculización en el expresidente.
Además, añadió que era necesario que el Kuczynski pueda declarar ante los medios para proteger su derecho a la libertad de expresión.
Fundamentos de la Sala sobre la libertad de expresión de PPK.
No obstante, los jueces determinaron que debido a que el caso contempla el delito de lavado de activos en una presunta organización criminal, se debe mantener la prohibición de comunicarse con sus coinvestigados y testigos, pues “existe el riesgo objetivo de obstaculización de una manera más intensa y que pueda prolongarse en el tiempo”.
Tanto Kisic como Bernaola fueron parte del presunto esquema de triangulaciones del dinero que habría entregado Odebrecht a la empresa de PPK, Westfield Capital, por estructuraciones financieras, entre el 2004 y 2007.
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Por otra parte, el tribunal aclaró en el mismo sentido de que la opinión de terceros sobre la investigación no afecta el derecho de defensa de PPK, por lo que también debe mantenerse la prohibición para que no declare sobre el caso a la prensa.
“Habilitar al imputado declarar sobre este caso de forma abierta por cualquier medio de comunicación supone un riesgo concreto de que pudiera influenciar o instigar a terceros a perturbar la actividad probatoria a cargo del Ministerio Público. Esto debido a que el imputado recurrente ha ejercido la máxima investidura de la función pública, contando en su momento con poderes fácticos que pudieron incidir en la labor fiscal”, señala la resolución de la Sala.
Sin llamada de atención
Otro de los temas que resolvió el tribunal fue eliminar el apercibimiento (llamada de atención) dado por la Fiscalía contra Pedro Pablo Kuczynski porque este incumplió sus reglas de conducta cuando fue entrevistado por Milagros Leiva en su domicilio para opinar de la coyuntura política y cuando se comunicó con Gilbert Violeta en mayo de 2021.
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Para el tribunal, la llamada de atención de que podría cambiarse el arresto domiciliario de PPK a prisión preventiva por no cumplir las restricciones de no hacer política directa o indirectamente, además de no contactarse con un testigo, debía anularse, pues “el incumplimiento de una restricción puede tener como consecuencia una imposición adicional como es la vigilancia electrónica personal o la suma de otras restricciones” y no llegar hasta la prisión preventiva, atendiendo la edad y el estado de salud de PPK.
Caso Westfield Capital
La investigación que dirige el equipo especial Lava Jato contra Kuczynski se basa en la hipótesis de que el exmandatario habría cometido lavado de activos, con el agravante de una organización criminal.
El expresidente, en este sentido, “promulgó normas adecuadas para la materialización de acuerdos corruptos, con el propósito de que se le otorgue la buena pro a las concesionarias IIRSA SUR (tramos 2 y 3) y Trasvase Olmos [ambas integradas por Odebrecht] para que Westfield Capital Ltd. [empresa de PPK], sea contratada en la estructuración financiera que debían cumplir las concesionarias como una exigencia en las bases”.
El dinero recibido por dichas asesorías, entre el 2004 y 2007, fue de US$1.019.057. Estas ganacias ilícitas luego habrían sido transferidas a diversas cuentas del Perú y el extranjero para “blanquear” el origen ilegal del monto.