Fiscalía denunció penalmente a Miriam Morales y Richard Cisneros

El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima formuló acusación penal contra Miriam Morales Córdova (exsecretaria de Martín Vizcarra) y Richard Cisneros Carballido, por la irregular contratación de este último en el Ministerio de Cultura, ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. De esta manera, solicitan en total 13 años y 4 meses de cárcel para Morales y 6 años y 8 meses para Cisneros.

Una acusación penal fue presentada contra Miriam Morales Córdova (exsecretaria de Martín Vizcarra) y Richard Cisneros Carballido, por la irregular contratación de este último en el Ministerio de Cultura. En la denuncia, presentada por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, se pide 13 años y 4 meses de cárcel para Morales y 8 meses para Cisneros.

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La fiscal a cargo del caso, Janny Sánchez-Porturas Ganoza, investiga también a otras 17 personas por delitos contra la administración pública en diferentes modalidades.

En el detalle de la investigación, Cisneros Carballido fue contratado a través de órdenes de servicio sin que este cumpla con el perfil exigido ”para tales fines”. En esa línea, se dio a conocer que Miriam Morales llamaba a Cisneros para coordinar el proceso de contratación y el pago del servicio, durante el período 2018 al 2020.

Se sostiene, además, que los procesos de contratación de Richard Cisneros estuvieron relacionados a servicios de conferencias, donde se encuentran involucrados exfuncionarios del Ministerio de Cultura.

La acusación contra Miriam Morales Córdova responde al presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias (coautora y alternativamente cómplice primario) y negociación incompatible (instigadora); y como autora en el delito contra la administración de justicia en la modalidad de obstrucción y ocultamiento real.

En el caso de Richard Cisneros, se encuentra acusado por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado, en la modalidad de tráfico de influencias (instigador) y negociación incompatible (cómplice primario).

Pagos a Cisneros

Los pagos a Cisneros empezaron cuando la exministra de Cultura Patricia Balbuena estaba a cargo de la cartera en mención. Su primer contrato fue por 21.000 soles, con fecha 25 de julio del 2018.

En tanto, el 12 de febrero del 2020 el cantante ofreció el servicio de “organización y ejecución de evento de integración institucional”, para lo cual cerró un acuerdo que costó 33.400 soles.

En medio de la crisis sanitaria, Cisneros realizó “charlas motivacionales” para las cuales cobró un monto de 30.000 soles de parte del Ministerio de Cultura.

Otros involucrados

Entre los otros 17 acusados penalmente por la fiscal Sánchez Portuarias se encuentran Jorge Apoloni Quispe, Patricia Dávila Tasaico, Diana Tamashiro Oshiro, Aura Quiñones Li, Lincoln Matos Parodi, Katiya Paredes Gonzales, Laura Montes de Oca Rivera, Mauricio Salas Torreblanca, Patricia Vásquez Montes, Liliana Chanamé Castillo, José Bellido Suárez y Amalia Sánchez Alva.

A todos ellos se les sindica como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, por lo cual la Fiscalía solicita 5 años y 4 meses para ellos.

Asimismo, hay un segundo grupo en el que se está Darío Armas Caso, Richard Vargas Estrada, Mack Antezana Collins y Juan Pilares Maqui, para quienes se pide 4 años y 8 meses.

En tanto, se ha remitido copias al Ministerio Público para la investigación a Martín Vizcarra y se han presentado copias a mesa de partes de la institución en mención para que se investigue la presunta eliminación del registro de visitas de Palacio de Gobierno.

Amparo a favor de Martín Vizcarra se resolverá en 10 días

El Sexto Juzgado Constitucional de Lima definirá en los próximos diez días si el investigado expresidente Martín Vizcarra Cornejo mantendrá o no su inhabilitación para ejercer como congresista electo en el período 2021-2026. Así lo confirmó a este diario el abogado del exmandatario, Fernando Ugaz Zegarra, quien estuvo presente junto a su patrocinado vía videoconferencia ante la jueza Rocío Rabines Briceño el último 23 de setiembre. Uno de los motivos por los que al exmandatario se le impidió asumir como legislador fue, justamente, el caso que envuelve a Richard Cisneros.