El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, evaluará este viernes 24 de setiembre desde las 10 de la mañana el pedido de extradición al Perú contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique, acusado a 20 años y medio de prisión por el caso Odebrecht.
Aunque la audiencia estuvo fijada desde hace varios meses para este jueves, en las últimas horas hubo un cambio en el itinerario de audiencias del magistrado norteamericano. El caso de Toledo será el único que evalúe ese día el juez Hixson.
Desde julio de 2019, el exmandatario se encuentra en Estados Unidos cumpliendo arresto domiciliario a la espera de que se resuelva su retorno al Perú para que sea procesado por las presuntas coimas de US$35 millones que habría recibido de la constructora Odebrecht a cambio de la adjudicación y ejecución de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur durante su gobierno (2001-2006).
audiencia toledo
La República informó a inicios de este mes que, ante la propuesta de Toledo de que se deniegue su extradición, la fiscal estadounidense Stephanie M. Hinds requirió que se mantenga la solicitud de las autoridades peruanas para que el exmandatario continúe el proceso en nuestro país.
“Estados Unidos solicita al Tribunal que rechace la moción de Alejandro Toledo para denegar la solicitud de extradición por falta de causa probable y certifique la extradición para su posible entrega al Perú por los delitos de colusión y lavado de dinero”, sostuvo entonces la fiscal Hinds.
Otro de los argumentos que apuntó la Fiscalía norteamericana fue que Josef Maiman corroboró lo revelado por Jorge Barata (exsuperintendente de Odebrecht) en 2019 al ratificar que fue él quien recibió la coima de Odebrecht y que existió una reunión en el hotel Marriot de Río de Janeiro, en Brasil, entre Alejandro Toledo, Gideon Weinstein y Sabih Saylan en noviembre de 2004. Estos dos últimos, allegados de Maiman.
En agosto de 2020, el fiscal José Domingo Pérez acusó a un grupo de nueve personas, incluyendo a Alejandro Toledo, por el caso IIRSA Sur (tramos 2 y 3).
Así, se requirió para el exmandatario una pena de 20 años y 6 meses de prisión por haber cometido, acorde con el equipo especial Lava Jato, los delitos de colusión y lavado de activos.
Para su exjefe de seguridad, Avraham Dan On, se pidió 9 años de cárcel, mientras que para los empresarios José Graña Miró Quesada, Fernando Camet Piccone, Hernando Graña Acuña, José Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro Rey, sanciones entre los 11 y 20 años y medio de cárcel.
Estos cinco empresarios cumplen desde el 10 de julio una orden de impedimento de salida del país hasta el 2023. El juez Richard Concepción Carhuancho estimó así que aún persistía un peligro de fuga y obstaculización en los acusados.
Hasta la fecha, aún falta programar una audiencia para que se revise la acusación fiscal contra los implicados. Las empresas consorciadas de Odebrecht (Graña y Montero, ICCGSA y JJC) están siendo investigadas por el momento con el fin de que luego se defina si son acusadas o no.
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