Este martes, la congresista Ruth Luque de la bancada de Juntos por el Perú (JP) presentó dos proyectos de ley que tienen como objetivo garantizar la paridad de género en la conformación del Tribunal Constitucional (TC) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
En ese sentido, el proyecto de ley n° 140-2021-CR propone la modificación del artículo 9 de la Ley Orgánica del BCRP (n° 26123), a fin de incluir el siguiente párrafo:
“En la designación y nombramiento de los miembros del directorio se garantiza el principio de paridad, de modo que, el Poder Ejecutivo designa no menos de dos mujeres y el Congreso designa como mínimo a una mujer para que el directorio se conforme con un mínimo de tres mujeres”.
De igual manera, el proyecto de ley n° 141-2021-CR busca alterar el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (n° 28301) para precisar que “se promueva que no menos de tres integrantes sean mujeres y el enfoque de interculturalidad”.
Ambas iniciativas prevén la implementación de una disposición complementaria final, que establece que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deberán adecuar sus reglamentos en los 30 días hábiles luego de la aprobación en el Pleno.
En los fundamentos para la modificación del documento que regula la estructura del TC, Luque asegura que es pertinente la inclusión de un mayor número de mujeres, ya que ello “logrará que dicha institución goce de una real representación y mayor legitimidad democrática”.
En relación al Banco Central, la parlamentaria denuncia que desde la fundación de la mencionada entidad en 1992 solo dos mujeres formaron parte del directorio, que evidencia “la poca representación femenina que ha existido históricamente”.
“Actualmente, el referido directorio no se encuentra integrado por ninguna mujer, situación que materializa la subrepresentación femenina que debe ser combatida a través de la implementación de medidas afirmativas del Estado”, dice el oficio.
El proyecto de ley n° 141-2021-CR también busca que la comisión especial encargada de la elección de magistrados del TC otorgue una “bonificación del 10% en la evaluación curricular al o la postulante que acredite el conocimiento de una lengua indígena u originaria. La bonificación se otorga automáticamente cuando el o la postulante sea integrante de un pueblo indígena u originario”.
Ruth Luque aseveró que es urgente que los miembros del máximo intérprete de la carta magna tengan conocimientos de lenguas “que se hablan en los distintos distritos, provincias y regiones de nuestro país, ya que ello permitirá también garantizar una correcta comprensión de los hechos que son puestos en conocimiento y analizados por la administración de justicia”.
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