La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó de manera unánime, con 14 votos a favor, el informe final de la denuncia constitucional 422 - 424 (antejuicio político) contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco del caso Vacunagate. También están involucrados Pilar Mazzetti, exministra de Salud, y Germán Málaga, exresponsable de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm en el Perú.
Según el documento, Vizcarra se habría aprovechado de su cargo para vacunarse él, su esposa y hermano con vacunas de Sinopharm de manera irregular, además de que habría habido irregularidades en la negociación de adquisición de dosis del producto chino.
“La SAC concluye que el denunciado Martín Vizcarra y Germán Málaga con Pilar Mazzetti son coautores de los siguientes delitos: organización criminal, concusión, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y falsificación de documento”, dice el informe.
“Consideramos que el expresidente de la República, la exministra de Salud y el señor Germán Málaga deben ser denunciados ante el Ministerio Público”, expresó el congresista Carlos Mesía, ponente de la acusación.
“Abriendo la posibilidad al Ministerio Público de extender las denuncias por estos mismos delitos a otros funcionarios si es que en el proceso de la investigación Penal el Ministerio Público encuentra a más responsables de los hechos que esta Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha comprobado”, agregó.
Este informe final debe ser ratificado en la Comisión Permanente y luego en el Pleno del Parlamento. Si lo aceptan, el exmandatario Vizcarra podrá ser procesado por los delitos mencionados por la Fiscalía.
A mediados de abril, el presidente Martín Vizcarra fue inhabilitado por el pleno del Congreso por un periodo de 10 años, por lo que durante ese tiempo no podrá ejercer algún cargo público.
El informe final de la denuncia constitucional contra Vizcarra Cornejo (juicio político), que recomendó la inhabilitación, se basó en la vacuna contra la COVID-19 que recibió el exjefe de Estado de manera irregular, con dosis extras que entregó el laboratorio Sinopharm.
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