El Ministerio Público ha reiterado esta mañana ante la Segunda Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado que se mantengan las órdenes de allanamiento e incautación aprobadas en febrero de 2020 contra el partido Fuerza Popular, en el contexto del caso Odebrecht.
Ello tras el pedido del partido fujimorista de revocar la decisión en primera instancia que dictó el juez Víctor Zúñiga Urday, aprobando el registro, allanamiento e incautación del local ubicado en Cercado de Lima y que permitió al fisal José Domingo Pérez obtener registros contables y financieros del 2015 y 2016.
De acuerdo con el abogado Elio Riera, defensor del partido que lidera Keiko Fujimori, la orden de allanamiento no era necesaria ni estuvo bien justificada por el magistrado Zúñiga.
Además, acotó que lo incautado no fue utilizado para las pericias contables hechas al partido ni tampoco en la acusación fiscal presentada en marzo de este año.
Sin embargo, el fiscal superior Hernán Mendoza precisó que cuando la resolución señalaba a los familiares de Jaime Yoshiayama, aparte de Augusto Bedoya Camere [receptores del USD1.000.000 que aportó Odebrecht al fujimorismo], sí se había ubicado a más de 16 aportantes que habrían sido falsos.
Por otra parte, Mendoza recalcó que “existía negativa y renuencia a presentar la información” por parte de la defensa legal del partido fujimorista, pues estos respondieron a la Fiscalía que buscase en SUNAT dichos documentos requeridos, pero no la tenían.
“En la oficina denominada Personería jurídica, en uno de sus anaqueles, a simple vista se observó 14 archivadores de palanca conteniendo información vinculada a la campaña 2011 donde se verificó copias de comprobantes, cuadros Excel, información impresa de la ONPE, operaciones bancarias, declaraciones juradas (...)”, que según la Fiscalía daban prueba de obstaculización, precisó Mendoza.
Al culminar la sesión, el tribunal de jueces superiores conformado por Walter Gálvez, Edgar Medina e Iván Quispe, dejó al voto su decisión y en los próximos días se conocerá si se anulan las incautaciones contra Fuerza Popular o se confirman.
fuerza popular
El marzo de este año, el fiscal José Domingo Pérez presentó su acusación contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama y otros involucrados del caso Odebrecht.
Para Keiko solicitó en específico 30 años y 10 meses de cárcel. Mientras que para el partido Fuerza Popilar, pidió su disolución y liquidación. Requirió lo mismo para la empresa MVV Bienes Raíces SAC por haber sido instrumentalizadas para “blanquear” dinero ilícito de la empresa brasileña.
Hasta el momento no hay fecha de audiencia para intalar la revisión formal de la acusación fiscal. Esta etapa, denominada intermedia, puede durar entre un año y medio o dos años dependiendo del caso. Tras ello, recién podrá instalarse el juicio oral por este caso complejo que abarca a 42 acusados en total.
Fujimori postula a la presidencia de la República con Fuerza Popular. Foto: La República
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