El Informante: Planes y personas, por Ricardo Uceda
Una mirada crítica a los programas anticorrupción de los principales candidatos. Recetas conocidas y propuestas audaces sin fundamentar. Aunque eso no es lo más importante. ¿Quién las llevará a la práctica?
Un tema sugestivo en el debate electoral fue la disparidad de estrategias contra la corrupción. Aunque los programas políticos reconocen su gravedad, la mayoría no profundizó. Por una parte, hicieron el listado de conocidas buenas prácticas sobre transparencia que ya están envasadas, listas para que las adopte un partido de cualquier signo. Por otro lado, asociaron el problema a una deficiencia del sistema de justicia. En este punto ninguna propuesta formula la manera de transformarlo. Una idea de esta nota, que solo toma como referencia planteamientos de las candidaturas principales, es que persiste una confusión respecto de las causas y los remedios.
No dice cómo
En el plan de Acción Popular, cuyo candidato Yonhy Lescano probablemente pase a la segunda vuelta, la corrupción es una calamidad que produce pérdidas por treinta mil millones de soles anuales. Promete derrotarla definitivamente, pues de lo contrario ninguna acción de gobierno tendría sentido. Una frase de Fernando Belaunde hace de epígrafe del documento: “Tuve el oro a mis pies, pero nunca me agaché a recogerlo”.
Pero el plan ni siquiera tiene un capítulo sobre el tema, que se introduce en un ligero acápite junto con el crimen organizado y la seguridad nacional. Allí, en una línea, promete evaluar permanentemente a los funcionarios encargados de las compras. Más adelante se anuncia la transformación del sistema de contrataciones públicas y la práctica de un gobierno abierto, con la información del Estado a disposición de los ciudadanos, en tiempo real. En otro parrafito figura la “reforma estructural” de la administración de justicia, sin decir cómo ni para qué.
“Infiltrar, capturar…”
Más amplia es la propuesta de Victoria Nacional, del también presidenciable George Forsyth. Plantea nada menos que una Constitución anticorrupción, dentro de la cual parte de los delitos asociados puedan ser considerados crímenes de lesa humanidad. Está dedicada a los corruptos sistemáticos. Sería penalizado ofrecer un cargo público a quien no es idóneo, en un marco prohibitivo para cualquier tráfico de influencias. Hay medidas para mejorar los procesos de definición de los grandes proyectos, las compras y la meritocracia en el sector público. Sorprendió la idea de crear, experimentalmente, jurados con ciudadanos. “Como en las películas”, dijo Forsyth.
El plan de Rafael López Aliaga, de Renovación Nacional, diagnostica una corrupción generalizada, especialmente en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Los órganos de control de ambas instituciones pasarían a depender de la Junta Nacional de Justicia. Para los demás sectores, propone una Central de Lucha Contra la Corrupción con plenos poderes, para “detectar, infiltrar y capturar”, en todas las modalidades y niveles de gobierno. Pero el documento no dice cómo y el candidato no lo explicó en su campaña. Lo más llamativo de sus intervenciones fue la expulsión y multa multimillonaria a Odebrecht, así como la toma de posesión de los proyectos en ejecución y de los bienes que tiene en el Perú. La viabilidad de esta iniciativa tampoco fue convincentemente explicada.
Falta de precisiones
Fuerza Popular no incluyó ninguna propuesta especial ni llamativa en su plan. Ofrece todo lo que ya se sabe que es bueno: respeto a la independencia del Poder Judicial, apoyo a la Contraloría, gestión pública moderna y trasparente. Además, aplicación de todos los estándares internacionales anticorrupción. Con tanto proceso judicial encima, Keiko Fujimori ha puesto el énfasis en una agenda de reconstrucción nacional, a partir de la reactivación económica y el combate a la pandemia.
En cambio, Juntos por el Perú plantea reformar el Ministerio Público y el Poder Judicial. No dice de qué manera. Plantea fortalecer las fiscalías y procuradurías anticorrupción, ampliar el contenido de las declaraciones juradas y limitar aún más los aportes privados a las campañas políticas. También se propone un Estado transparente. La transformación del que ahora existe estaría a cargo de una entidad autónoma que lo pondría al servicio de los ciudadanos. Se supone que el cómo recién se sabría cuando Verónika Mendoza asuma el gobierno.
En cuanto a las propuestas de Avanza País, son un conjunto de ideas más que de medidas. La corrupción, dice el plan, es principalmente producto de que grandes proyectos obtuvieron beneficios privados a costa de la gente. Ofrece gobierno predecible, propiciando una mejor elección –sin decir la manera– de los agentes judiciales.
Quién es quién
Así pues, los mejores mecanismos de control, las acreditadas fórmulas de transparencia y las principales iniciativas para reformar el sistema judicial aparecen como recetas comunes. Sin embargo, los defectos que pretenden cubrir no estuvieron en el origen de la gran corrupción descubierta en los últimos años. No tienen relación directa con las graves imputaciones contra siete de los ocho presidentes elegidos democráticamente desde 1980. Aun admitiendo que la intervención de Odebrecht en el Perú fue un factor, no hay que olvidar que en el caso de Alejandro Toledo fue él quien dio el primer paso. Lo mismo Martín Vizcarra, quien pidió sobornos a empresas que estaban ganando una licitación.
Estos dos presidentes ya eran corruptos desde antes de llegar a Palacio de Gobierno. Los casos restantes se prestan a un análisis similar, pero lo dicho basta para señalar que el plan de gobierno no pronostica la honestidad de un régimen. Es un mejor indicador la historia personal de un candidato. Detrás de un izquierdista o neoliberal puede haber un ladrón o una persona sin escrúpulos, y eso sería peor que los desvaríos de su programa político.
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