Sustentándose en las declaraciones de exdirectivos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA que han solicitado acogerse a la colaboración eficaz, el fiscal Germán Juárez solicitó 18 meses de prisión preventiva para el exmandatario Martín Vizcarra por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de favorecer a las mencionadas constructoras.
De acuerdo con las manifestaciones de los aspirantes a colaborador eficaz, cuando Vizcarra ejercía como gobernador de Moquegua (2011-2014), ICCGSA le abonó 1 millón 300 mil soles por la adjudicación de la reconstrucción del Hospital Regional de Moquegua y 1 millón de soles por la entrega del proyecto de irrigación Lomas de Ilo.
La defensa de Vizcarra, quien postula al Congreso por Somos Perú, afirma que no es cierta la versión de los testigos y que el exgobernador no intervino en los procesos de adjudicación y que estos fueron encargados a la organización internacional UNOPS.
Entre los aspirantes a colaborador eficaz se encontrarían Fernando Castillo Dibós, de ICCGSA, y Elard Tejeda Moscoso, de Obrainsa, además del exministro José Hernández.
El domingo último, el programa ‘Panorama’ informó que otro aspirante a colaborador eficaz, un exdirectivo de la constructora Incot, socia de ICCGSA, había declarado al fiscal Juárez que la empresa aceptó pagar un soborno a Vizcarra.
El fiscal Germán Juárez, quien ha presentado a la jueza María Álvarez el requerimiento de prisión preventiva para Martín Vizcarra, está a cargo del caso denominado Club de la Construcción. Se trata de una organización criminal compuesta por empresas constructoras que, en complicidad con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del organismo Provías Nacional, y de gobernadores y alcaldes provinciales y distritales, se repartían millonarias obras públicas.
Durante las investigaciones, se identificó que entre estas empresas constructoras se encontraban Odebrecht, OAS, Andrade y Gutierrez, Queiroz Galvao, Mota Engil, Graña y Montero, H&H, Cosapi, Constructora Málaga, ICCGSA y Obrainsa, entre otras.
En el curso de las indagaciones, exdirectivos de varias de estas constructoras solicitaron acogerse a la colaboración eficaz, entre ellos los de Obrainsa e ICCGSA. Como parte de las declaraciones de estas personas, en busca de beneficio judicial, revelaron los supuestos sobornos al exgobernador de Moquegua Martín Vizcarra. Estas manifestaciones fueron usadas por los congresistas que vacaron a Vizcarra el 9 de noviembre del 2020.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, el fiscal Juárez ha conseguido corroborar con varios aspirantes a colaborador eficaz los presuntos pagos ilegales a Vizcarra cuando actuaba como gobernador de Moquegua.
El expresidente ha rechazado la versión de los presuntas coimas, se ha allanado a las investigaciones y afirma que no hay evidencia de haber recibido pagos de Obrainsa, ICCGSA ni de otra empresa durante su gestión.
“El expresidente Martín Vizcarra no es como la candidata Keiko Fujimori. Él siempre da la cara. Este pedido fiscal no tiene sustento y estamos seguros de que será denegado por la jueza, porque no hay peligro de fuga ni obstrucción y tampoco tiene inmunidad ni la tendrá”, expresó el abogado del expresidente, Alejandro Salas.
“Vizcarra desde el inicio ha sido transparente, poniéndose a disposición de la justicia. Ha asistido a todas las citaciones y ha respondido con la verdad. Hasta ahora se le imputan solo dichos, pero no existe ninguna prueba. Un colaborador eficaz es un delincuente que busca premios y reducir su condena”, indicó Alejandro Salas, quien también es candidato al Congreso por Somos Perú.
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