La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) aprobó los informes en contra del expresidente Martín Vizcarra; la exministra de Salud, Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete, denunciados por distintas bancadas por el caso Vacunagate. El titular del equipo congresal, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), precisó que de conseguir las firmas la tarde de este lunes 22, los documentos serán remitidos a la Comisión Permanente.
Asimismo, se discutió la división en juicio político, antejuicio político y mixto del informe de acusación N.° 60 que abarcaba todas las denuncias presentadas por los legisladores de las bancadas de Podemos, Unión por el Perú, Frente Amplio, Partido Morado, Nueva Constitución y Acción Popular.
“Hemos acordando separar los informes en dos: el 60, que vendría a ser por juicio político, y otro informe 61 para los delitos de función. Con cargo a redacción se han aprobado ambos informes. Estamos ya dándole la forma final y se lo vamos a remitir a los congresistas para una última revisión y firma”, precisó a La República.
De este modo, con 15 votos a favor y 0 en contra se aprobaron los documentos y la división del mismo. El juicio político significa infracciones a la constitución, mientras que antejuicio político indica comisión de delitos.
Las denuncias de antejuicio político son dos (acusación N.° 422 y 424) y corresponden a las imputaciones contra el expresidente, en tanto en las denuncias por juicio político (acusación N.° 423, 425 y 427) están incluidas las exministras de Salud y Relaciones Exteriores, además de Vizcarra.
Luego de ser elevada a la comisión Permanente, esta deberá convocar a una sesión para la revisión respectiva del informe recibido. De aprobarlo, autorizará a la SAC de avanzar con las investigaciones y otorgará un plazo de 15 días para ello.
“Lo que nosotros buscamos es que las denuncias sea tramitadas conforme lo establece nuestro reglamento. Los resultados de estos procedimientos no van contra la postulación de algún ex alto funcionario”, mencionó Pérez Ochoa al ser consultado por la inhabilitación para ejercer cargo público del expresidente Vizcarra, quien también se encuentra postulando al Congreso por Somos Perú.
“De darse alguna inhabilitación y ya haber obtenido una credencial, el Jurado Nacional de Elecciones lo podría dejar sin efecto”, acotó.
De igual modo se optó por discutir las acusaciones mixtas, es decir, que contienen infracciones a la constitución y delitos, en un informe por separado.
El congresista del Frente Amplio y también miembro del grupo parlamentario de trabajo, José Luis Ancalle Gutiérrez, señaló a este medio que el informe mixto se debatiría el martes 23 de febrero, aunque todavía no se les había confirmado de la reunión que mantendría la Subcomisión.
Sin embargo, al haberse declarado en sesión permanente, solo se está a la espera de la notificación.
Por otro lado, considera que la división de informes permitirá uniformizar las acusaciones “para hacer un trabajo eficiente y que las partes acusadas no puedan señalar que hubo una vulneración del debido proceso”.
“Llama la atención que en todos los procedimientos parlamentarios el tema de la vulneración del derecho a la defensa o el debido procedimiento parlamentario hace que eso caiga a saco roto y perjudique una investigación seria”, manifestó Ancalle a La República.
En la misma línea, el legislador de Frente Amplio sostuvo que deben mantenerse imparciales durante el proceso “para que cuando ya se tenga el informe final ser firmes a la aprobación de esa”.
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