Confirman embargo contra vivienda de PPK en San Isidro

La vivenda del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ubicada en la calle Choquehuanca N°975-985 (ambientes principales y garaje), en San Isidro, continuará bajo embargo por el caso Westfield Capital (Odebrecht) por orden del Poder Judicial.

El último 13 de enero, acorde a una resolución a la que accedió La República, la Sala de Apelaciones Anticorrupción decidió confirmar la medida contra el inmueble que comprendía la imposibilidad de transferirla, venderla o alquilarla, con el objetivo de asegurar el pago de una eventual reparación civil al Estado.

Esta orden dictada en primera instancia el 6 de marzo de 2020 por el juez Jorge Chávez Tamariz fue realizada por el pedido de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato contra la propiedad, valorizada en S/3.192.372.

Kuczynski se opuso, mediante su defensa el abogado César Nakazaki, a que se confirme el embargo debido a que existía una orden de inhibición (un congelamiento que impedía transferirlo, venderlo, etc.) contra la casa de San Isiscro desde agosto de 2018.

Nakazaki dijo entonces a este diario que “desde la orden de inhibición ya no se puede hacer nada sobre el inmueble. Esa es la razón de mi reclamo. El embargo en forma de inscripción es lo mismo”.

No obstante, el tribunal de apelaciones integrado por los jueces Ramiro Salinas, Guillermo Piscoya y Víctor Enríquez sostuvieron en su resolución que la inhibición y el embargo son medidas complementarias.

“Es razonable que se dispongan otras medidas [embargo] a fin de complementar la medida impuesta [inhibición] y así evitar el peligro en la demora (...)”, señala la decisión, pues agregó que en muchas ocasiones los investigados utilizan el tiempo transcurrido en una investigación hasta que termine el caso “para desprenderse del total o parte de su patrimonio”. }

Caso Westfield

La investigación que dirige el equipo especial Lava Jato contra Kuczynski se basa en la hipótesis de que el exmandatario habría cometido lavado de activos, con el agravante de una organización criminal que operó entre el 2003 y 2015.

El expresidente, en este sentido, “promulgó normas adecuadas para la materialización de acuerdos corruptos, con el propósito de que se le otorgue la buena pro a las concesionarias IIRSA SUR (tramos 2 y 3) y Trasvase Olmos para que Westfield Capital Ltd. sea contratada en la estructuración financiera que debían cumplir las concesionarias como una exigencia en las bases”.

Las asesorías realizadas por Westfield a las concesionarias (integradas por Odebrecht), asimismo, dieron como resultado presuntas ganacias ilícitas que luefo fueron transferidas a diversas cuentas del Perú y el extranjero. En esta investigación también está incluido el exsocio de PPK, el economista chileno Gerardo Sepúlveda.

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