La Fiscalía de la Nación realizó diligencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con el fin de obtener mayor información en el marco de las investigaciones de las presuntas irregularidades de la inmunización de funcionarios públicos contra la COVID-19.
El fiscal adjunto supremo Ramiro González, jefe del área de Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, fue el encargado de indagar el procedimiento y los sistemas de registro utilizados para la aplicación de las vacunas del laboratorio Sinopharm. Las investigaciones se llevaron a cabo la mañana de este miércoles 17 de febrero.
Días atrás el centro de estudios explicó en un comunicado que no se vacunó a “personas ajenas a los voluntarios o al equipo relacionado a la investigación, sean o no funcionarios del Estado”.
Sin embargo, el rector de dicha institución, Orestes Cachay, fue inoculado. Según manifestó, fue invitado por el investigador principal del estudio por parte de la UNMSM, el doctor Eduardo Ticona Chávez.
Ante la revelación, estudiantes de la universidad presentaron una moción de censura contra el rector. Asimismo lo hicieron contra el vicerrector de investigación y postgrado de la universidad, Felipe San Martín.
Las acusaciones contra ambas autoridades universitarias son por incapacidad moral y abuso de autoridad debidamente probado.
El pasado martes 16 de febrero, el Ministerio Público realizó una diligencia de verificación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en relación al caso denominado Vacunagate.
Al igual que en la UNMSM, la acción fiscal tuvo el objetivo de recopilar información tras la revelación que altos mandos del Estado, así como personal externo a los ensayos clínicos, recibieron la inmunización contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm.
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