Tribunal deja al voto apelación para suspender a Fuerza Popular

La Segunda Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado ha revisado esta mañana el pedido de la Fiscalía para suspender a Fuerza Popular por dos años y medio en el caso Cócteles (Odebrecht).

Ello luego de que a fines de diciembre de 2020, el magistrado Víctor Zúñiga Urday decidiera en primera instancia rechazar el pedido del fiscal José Domingo Pérez contra la organización fujimorista y le impusiera, en cambio, solo la medida de vigilancia judicial por 24 meses.

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Por esta razón, el fiscal superior del equipo especial Lava Jato, Hernán Mendoza, sostuvo ante el tribunal que en el partido que lidera Keiko Fujimori todavía existe un peligro concreto de “reiterancia delictiva”.

En defensa del partido estuvo, en cambio, el exprocurador Christian Salas Beteta, quien apeló para que se revoque la vigilancia judicial contra la organización fujimorista.

En la resolución del juez Zúñiga se ordenaba entonces que Fuerza Popular informe sobre la forma en que se pagarán deudas pendientes a medios de comunicación, boletas, actividades de obtención de recursos económicos, entre otros.

“La continuidad de la investigacion preparatoria [habilitada hasta febrero de 2022] no se debe a una incapacidad para culminar, como se alega. La defensa ha solicitado también actos de descargo”, resaltó en un momento de la audiencia el representante del Ministerio Público.

A este respecto, la disposición 209 elaborada por el fiscal José Domingo Pérez también fue resaltada debido a que ampliaba las imputaciones con más elementos de convicción contra los investigados, incluyendo a Fuerza Popular.

Al final de la audiencia virtual, los magistrados de la Segunda Sala de Apelaciones integrada por los jueces superiores Walter Gálvez, Iván Quispe y Edgar Medina, informaron que decidirán ambas impugnaciones (de la Fiscalía y de Fuerza Popular) en los próximos días.

Defensa del Estado

La Procuraduría de Lavado de Activos podrá formar parte, en representación del Estado peruano, del caso contra Keiko Fujimori y otros por los presuntos aportes de Odebrecht.

Así lo decidió el último martes el magistrado Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, a solicitud de aquella entidad que conduce Miguel Sánchez Mercado.

Con esta resolución, dicha Procuraduría está habilitada también a solicitar formalmente un monto de reparación civil a favor del país teniendo en cuenta los ilícitos cometidos por la presunta organización criminal que lideró Keiko Fujimori en las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

De este modo, se mencionó también en audiencia ayer que sobre la base de los cálculos hechos por la Procuraduría, hasta el momento, la cifra preliminar de reparación civil que podría solicitarse ronda los S/36.934.749.

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