El congresista de la bancada de Unión por el Perú (UPP) Posemoscrowte Chagua Payano expresó una sucesión de desinformación ante el Pleno del Congreso para sustentar su pedido de reconsideración a la primera votación del proyecto que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la COVID-19.
Chagua Payano es precisamente quien en agosto pasado solicitó crear una comisión que “investigue” efectos del dióxido de cloro, elemento que no es avalado como medicamento para tratar el nuevo coronavirus (COVID-19) u otra enfermedad en particular.
Ante ello, por entonces salió la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud para desmentir la desinformación sobre el uso del dióxido de cloro y remarcó que se trata de un poderoso agente blanqueador que puede causar graves daños a la salud, algunos potencialmente mortales.
Este viernes 4 de diciembre, el parlamentario defendió que se retire el carácter de obligatorio a la vacunación contra la COVID-19 a fin de que sea facultativa. Además, sostuvo, erróneamente, que la inoculación provoca cambios en el ADN de las personas.
“La disposición complementaria y única de ese texto sustitutorio que le abre las puertas para que se legalice una vacuna que normalmente sería ilegal, porque sería ilegal aplicarle a la población una vacuna insegura, una vacuna que no ha pasado por las bases de seguridad y ese es la situación en la cual nos encontramos. La vacuna de Pfizer, de Moderna, que quieren comprar son vacunas que no son seguras y están modificando el ADN de la población. Estas vacunas no pueden ser aprobadas por los funcionarios del Estado”, expresó.
La realidad es que la vacuna producirá anticuerpos y células de memoria que reconocerán y atacarán al patógeno SARS-CoV-2 cuando entre en el organismo del ser humano.
Ante su exposición carente de base científica, el Pleno del Legislativo rechazó por mayoría la reconsideración, aunque sí recibió el apoyo de 43 legisladores -principalmente de UPP y Podemos Perú-.
En setiembre pasado, el Ejecutivo firmó un acuerdo con Pfizer y BioNTech para adquirir 9,9 millones de dosis (cada persona recibe 2 dosis) y recientemente se anunció que este mes llegarán las primeras 50.000 en aras de probar el sistema logístico del país antes de la llegada del lote más grande programado para el primer trimestre de 2021.
“Tenemos la obligación de obtener vacunas seguras y eficientes contra la COVID-19”, puntualizó Arturo Jarama, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores en octubre.
Jarama afirmó que hay “una amplia oferta de vacunas” a pesar de que al principio parecía que la oferta iba a ser escasa y “se ha hablado con diversos laboratorios como Brasil, India, Japón, EE. UU.”.
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