El último miércoles, la Comisión de Descentralización del Congreso aprobó con nueve votos (siendo uno dirimente del presidente de la comisión, Grimaldo Vásquez) el predictamen que propone la reelección inmediata de gobernadores, vicegobernadores, alcaldes y regidores en todo el país.
Esta propuesta de reforma constitucional busca modificar el artículo 191 donde, conforme a ley, tanto gobernadores como vicegobernadores “pueden ser reelegidos para el periodo siguiente” y continuar con su mandato.
“Transcurrido otro periodo, como mínimo los exgobernadores o exvicegobernadores regionales pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual periodo. El mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución”, se lee en el documento.
De igual manera, se quiere modificar el artículo 194 de la Carta Magna en relación a la estructura y dirección orgánica de las municipalidades permitiendo que tanto alcaldes como los regidores del Consejo Municipales “puedan ser reelegidos para el periodo siguiente” una vez que concluyan los cuatro años del primero.
“Transcurrido otro periodo, como mínimo, (los alcaldes y regidores) pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Su mandato es revocable, conforme a ley. El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución”, detalla la iniciativa.
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Al respecto, David Sulmont sostuvo que esta medida “es adecuada” debido a que impedir una reelección “genera más problemas de los que resuelve”.
En conversación con La República, el politólogo explicó que la modificación dada el 2015, de no reelección inmediata de gobernadores y alcaldes, evita que “los electores también tengan derecho a conservar a los políticos que los representan bien”.
“La no reelección por si sola no soluciona los graves problemas que tenemos por falta de institucionalización de los partidos políticos. Hay que mejorar los temas de democracia interna, organización, financiamiento público y la función en las campañas electorales”, manifestó.
De acuerdo al informe de la Comisión de Descentralización, en las elecciones municipales y regionales del 2014 (último periodo que permitió reelegir autoridades), el 52 % de alcaldes provinciales buscó la relección pero solo el 10 % lo logró.
En el caso de los alcaldes distritales, el 60 % quiso seguir con su mandato, no obstante, solo el 16 % pudo hacerlo. Sobre los gobernadores ese año, el 44 % tentó la reelección, finalmente el 16 % lo consiguió.
“La reelección puede reforzar la capacidad de los electores de castigar o compensar a sus autoridades y en el caso de los que son elegidos les permite contar con una masa crítica de políticos que tienen experiencia en la gestión pública y local”, expresó Sulmont.
Este predictamen de reelección inmediata, y de extensión para un periodo adicional, proviene de cuatro proyectos de ley aprobados en el 2016 por el Congreso disuelto y que tiene como autores a exrepresentantes del fujimorismo: César Segura, Miguel Elías, Héctor Becerril y Alejandra Aramayo.
Además, recoge la iniciativa de Yesenia Ponce (renunciante congresista de Fuerza Popular), así como la propuesta del Ejecutivo elaborada por la Comisión de Alto Nivel Para la Reforma Política donde señala la extensión del mandato por 5 años “conservando la prohibición de reelección de gobernadores y alcaldes”.
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Uno de los argumentos para la no reelección, según el informe, es evitar que alcaldes o gobernadores usen el ejercicio del cargo para favorecer sus campañas.
Sin embargo, se precisa que “este no sería un hecho verificable de la realidad. Simplemente, el que una autoridad regional o municipal postule a la reelección no lo favorece ni le asegura un nuevo periodo, a juzgar por el mínimo porcentaje de reelecciones que se producen”.
Por otro lado, señala que, de aprobarse este proyecto en el Pleno, no sería aplicable aún “para no afectar la regulación” dado que tanto alcaldes como gobernadores se encuentran en la mitad de sus mandatos y que las próximas elecciones regionales y municipales se realizarán en el segundo semestre del 2022.
En junio del 2018, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolvió que no habrá reelección a partir de los comicios regionales y municipales de ese año en aplicación al mandato constitucional que prohíbe que alcaldes y gobernadores sean elegidos en periodos consecutivos.
La entidad electoral sustentó su resolución en la Ley N° 30305 que modifica los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución. Esta norma, aprobada en el Parlamento y vigente desde el 11 de marzo de 2015, prohíbe la reelección inmediata de las autoridades.
Posteriormente, en octubre el Tribunal Constitucional declaró infundada una demanda de inconstitucionalidad contra la ley para instaurar la no reelección de alcaldes y gobernadores regionales, ratificando así lo decretado por el JNE.
La actual presidenta del TC, Marianella Ledesma, Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Augusto Ferrero votaron en contra de la demanda interpuesta para derogar esta reforma mientras que Ernesto Blume y José Luis Sardón votaron a favor.
Una vez negada la solicitud, los magistrados indicaron que la modificación de esta normativa no infringe la Constitución, y que “ha respetado los límites formales y materiales” que la Carta Magna prevé para la aplicación de la misma.
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Para Lenin Bazán, congresista del Frente Amplio que votó en contra del predictamen, aprobar esta propuesta “significaría un retroceso para la reforma política electoral que debe de existir en nuestro país”.
Del mismo modo, declaró que, el documento respaldado por la Comisión de Descentralización, trae consigo “ciertos lastres” como: el personalismo, el caudillismo y el clientelismo, los cuales “debemos de cambiar”.
“Ningún gobernante debe reelegirse porque eso significaría que no hay confianza en que tengamos cuadros políticos que puedan sustituirlo. El partido podría seguir manteniéndose, si es que se hace una buena gestión pero el candidato o la persona no”, dijo a esta redacción.
Cabe recordar que, en diciembre del 2018, el expresidente Martín Vizcarra convocó a un referéndum de carácter constitucional donde, entre otros temas, se decidió por la no reelección inmediata de los congresistas con el objetivo de reducir los índices de corrupción y mejorar el control y fiscalización de la política.
“No deberían darse este tipo de reformas en este momento, en la Comisión de Constitución ni en la Comisión de Descentralización, porque el objetivo es evaluar las instituciones para llevar bien la reforma política. En todo caso, esa reforma debe ser parte de una nueva Constitución”, opinó Bazán.
En setiembre del 2018, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios presentó un informe donde analizó 4.225 casos de corrupción que involucra a 2.059 ex autoridades regionales y locales a nivel nacional.
Entre los casos analizados por la entidad del Estado, se verificó que 205 exgobernadores y exalcaldes que se encuentran sentenciados generaron un perjuicio económico de S/ 7 727 744.23.
De los 4.225 casos de corrupción analizados por la Procuraduría, el delito de mayor incidencia en el que habrían participado exalcaldes y exgobernadores es el de peculado con 1.928 casos, seguido por el delito de colusión con 1.455.
“...de los 4.225 casos que involucran a autoridades políticas en presuntos delitos de corrupción, el 58 % está relacionado con las contrataciones que efectúan los gobiernos regionales y locales con empresas privadas. De este porcentaje, se presenta un mayor índice de actos delictivos durante los procesos de adquisición de bienes y servicios, seguido de la ejecución de obras públicas”, concluye la institución.
En junio del 2019, el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, expuso ante el Congreso que existía una “alta vulnerabilidad” de la corrupción por parte de los partidos políticos, y en consecuencia también hacia las alcaldías y regiones del Perú.
“En los últimos años, 57 gobernadores regionales y más de 2.000 alcaldes han sido vacados, procesados, sentenciados o se han fugado por abiertos actos de corrupción”, inició su discurso el exprimer ministro al realizar el pedido de cuestión de confianza.
Sulmont, por su parte, garantiza que prohibir la reelección no es la solución, ya que, según su tesis, el problema es “si se restringe la competencia política o se hace un uso individual de recursos públicos para una campaña”.
“La reelección misma no es un problema. Siempre y cuando sea una decisión de la ciudadanía. Si una autoridad es reelegida es porque tiene una base electoral, porque logró construir y representar a un sector de la ciudadanía y conectarse con ellos. Eso es importante”, recalcó a este diario.
Fernando Tuesta. Foto: Jorge Cerdán.
Al ser consultado por La República, Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel Para la Reforma Política, dijo estar a favor de la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, ya que “están muy presentes en la vida cotidiana de las personas”.
El también exjefe de la ONPE apuntó que prohibir a estas autoridades reelegirse con el argumento de la corrupción “es muy pobre” debido a que “no se necesitan ocho años para corromperse sino simplemente un periodo”.
“Ese argumento de la corrupción es débil […] La gente sabe evaluar bien. En general, sí creo que debe haber reelección. Quizá pueda ponerse algún límite, no sé si más de dos o tres años, sobre todo para aquellos distritos y regiones donde ya hubo precedentes”, puntualizó.
Sobre su iniciativa el 2018 para extender a cinco años el periodo de gestión municipal y provincial, Tuesta Soldevilla calculó que se podría dividir cada dos años y medio para cambiar de autoridades al mismo tiempo que las elecciones generales.
“Eso era para organizar los mandatos de tal manera que los periodos sean de cinco años en general […] Cuatro distorsionaba todo pero en realidad no tocamos el tema de la reelección porque entendíamos que recién se había prohibido la de congresistas y no era oportuno”, precisó.
El documento aprobado por la comisión, defiende que los lideres forjados en la gestión, por más buenos que hayan sido, “se cortan e interrumpen, sometiendo al ciudadano elector a una forzada búsqueda de nuevas opciones”.
“La gente puede premiar a sus autoridades con el voto y la reelección en los casos que corresponda. Pienso que es una medida acertada porque la reelección solo tiene sentido cuando es inmediata. Si es que se puede dar ahora, que se dé”, finalizó.
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