La Procuraduría Anticorrupción solicitó al Ministerio Público incluir al presidente, Martín Vizcarra, a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y al exministro de Salud, Víctor Zamora, dentro de la investigación preliminar que realiza la institución por presunta irregularidad en la adquisición de pruebas rápidas y moleculares para detectar el coronavirus (COVID-19).
Fue el ex procurador Amado Enco quién remitió el documento, el último 23 de octubre, al fiscal Reynaldo Abia indicando que habría indicios de que los mencionados funcionarios públicos cometieron un supuesto delito de colusión en perjuicio del Estado peruano.
Esta solicitud de Enco para que se disponga la ampliación de la investigación también incluye a la extitular del Ministerio de Salud (Minsa), María Elizabeth Hinostroza Pereyra, quien fue ministra del sector antes de Víctor Zamora.
Asimismo, se incluyó a funcionarios de la Alta Dirección en el Minsa, entre los que figuran los jefes del Instituto Nacional de Salud (INS), César Cabezas Sánchez y Omar Trujillo Villarroel, entre otros.
Por otra parte, se le pide a Abia considerar como empresas investigadas a Deltalab Perú, Diagnóstica Peruana, Multimedical Supplies y Nipro Medical Corporation Sucursal del Perú.
“A consecuencia de esta actuación, el Estado peruano se habría perjudicado con aproximadamente 100 millones de soles, pero, además, se habría favorecido a empresas privadas con la compra de pruebas serológicas que no tendrían registro sanitario en el país de origen y que en otro país de la región habría sido descartadas por inservibles para diagnosticar acertadamente la enfermedad de la COVID-19”, se lee en el documento.
Bajo esa misma línea, las evidencias emitidas por Amado Enco a la Fiscalía, días previos a su salida de la Procuraduría Anticorrupción, contra Vizcarra, Alva y Zamora sostiene que:
“…de manera sorpresiva, los altos funcionarios del Estado peruano, responsables de conducir la lucha contra la pandemia, cambiaron de estrategia y sin mayores argumentos, se apartaron de las recomendaciones impartidas por la OMS/OPS, así como de los expertos en salud del ámbito nacional, para pasar de manera abrupta a optar por las denominadas pruebas serológicas como método de diagnóstico del COVID-19 en nuestro país”.
De igual manera, la Procuraduría hace referencia a una reunión realizada el 18 de marzo del 2020 en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), adonde habrían asistido María Alva, Martín Vizcarra, y Elizabeth Hinostroza junto con otros altos funcionarios, y de otro lado, representantes de laboratorios privados interesados en contratar con el Estado para la venta de las pruebas serológicas y moleculares.
De otro modo, Enco precisó que Martín Vizcarra tenía conocimiento de las recomendaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como de otros especialistas del Minsa sobre “la inconveniencia de utilizar las pruebas serológicas como método de diagnóstico de la COVID-19”
“Lamentablemente el perjuicio ocasionado al Estado peruano no habría sido solamente económico, sino, además, habría provocado el incremento de los contagios a través de los denominados ‘falsos negativos’, el desborde de la capacidad de atención en los centros de salud y la penosa muerte de miles de peruanos”, expresa la misiva.
Finalmente, el exprocurador pidió a Reynaldo Abia que: “considere los indicios acompañados y, en función de los actos de investigación que pudiera realizar su despacho, eleve un informe a la Fiscalía de la Nación, a fin de que se investigue a los altos funcionarios antes mencionados por la comisión de presuntos delitos contra la Administración Pública en la modalidad de colusión”.
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