El hoy presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, utilizó el presupuesto de la Contraloría en beneficio personal y familiar, según las acusaciones por delitos de peculado y colusión que la fiscal Zoila Sueno Chirinos ha presentado al Poder Judicial.
En la acusación de febrero de 2020, se describe que, aprovechando su condición de gerente central de operaciones, 2012-2013, disponía de los fondos de caja chica para pagar sus gastos personales.
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Estos gastos incluían compras en el mercado, como papas, zanahorias, tomates, cebollas, aceite, frutas, queso, jamón, pollo, carne, jabón, detergentes y bines de uso personal como libros y un celular Apple.
En tanto, en la acusación de marzo de 2019, se describe cómo en el año 2010 se valió de un pedido al Ministerio de Economía para mejorar los ingresos de los trabajadores y aprobar un ilegal convenio de término de contrato por mutuo disenso.
Edgar Alarcón ha sido investigado por enriquecimiento ilícito, colusión, entre otros delitos. (Foto: Flavio Matos)
Incluso, para cumplir con los pagos, el 2011 desvió fondos por 4.850.000,00 soles de la partida de gastos variables del 2010, con cargo al presupuesto del 2011, en un momento en que no se sabía si los trabajadores se acogerían a los incentivos.
El convenio establecía pago de incentivos de uno a 12 sueldos para los trabajadores que renunciaban a la Contraloría, lo que se llevó a cabo a favor de 121 servidores.
Entre los beneficiarios estuvo la madre de los hijos de Alarcón. Adicional al incentivo, se generaron gastos a la Contraloría por beneficios sociales y compensaciones por tiempo de servicios, que se pagaron sin autorización de la Dirección General de Presupuesto Público.
“Se ha determinado que los convenios de término de contrato de trabajo por mutuo disenso, en total 121 celebrados por la Contraloría, no tuvieron amparo legal, ni siquiera la propia entidad emitió resoluciones directivas al respecto”.
“Desde el año 2011 al 2016, se dieron incentivos por mutuo disenso, estando prohibido por las normas presupuestales (...), por lo que meridianamente se puede advertir que los convenios (...) fueron ilegales, más cuando el mismo contenía un pacto de secretismo, hecho que contrasta con la transparencia que debe existir en las instituciones públicas, cuyo presupuesto proviene del Estado”, subraya la Fiscalía.
Como se informó, Edgar Alarcón presentó audios en el pleno del Congreso, que involucran al presidente Martín Vizcarra. (Foto: Difusión)
El 2010, el mismo Alarcón firmó el comprobante de pago por S/ 127.117,93 a favor de Marcela Mejía Franco, su expareja y madre de sus dos hijos. El hoy congresista puso el sello y firma de gerente de finanzas, en una fecha que ya no ejercía ese cargo.
El imputado Edgar Alarcón no solo tuvo conocimiento de la ilegalidad de la celebración de los 121 convenios de término de contrato de trabajo por mutuo disenso, sino que participó de manera directa aprobando y autorización 65 pagos entre los años 2010 y 2011, dice la Fiscalía.
Eso no fue todo, tal era el manejo económico que Alarcón teína de la Contraloría, que en junio del 2010 se aprobó una liquidación de 426.359 soles por beneficios laborales como gerente general encargado y gerente de finanzas, que incluyó pagos devengados de vacaciones por 12 años, como si nunca hubiera tomado un descanso laboral.
Pero lo más grave es que la liquidación sale con fecha del 31 de mayo del 2010 y ese mismo día asume como gerente general, lo que supone que no hubo motivo alguno para la liquidación, pues no se desligó de la entidad.
También se ha determinado que, bajo su influencia, logró que el exalcalde de La Molina Juan Carlos Zurek infringiera las normas de contratación con el Estado para contratar a la madre de sus hijos, Marcela Mejía Franco, en la oficina de control institucional de la Municipalidad, sin cumplir con los requisitos profesionales para el cargo.
Por estos hechos, la fiscal Zoila Sueno ha presentado dos acusaciones penales contra Edgar Alarcón. Por las compras del mercado con fondos de la caja chica pide seis años de prisión y por los convenios y la liquidación irregular solicita una pena de 17 años de cárcel, más la inhabilitación para ejercer un cargo público.
La Fiscalía sustenta los cargos contra Edgar Alarcón con abundante prueba documental y diversos testimonios que acreditan el manejo ilícito de fondos públicos.
La Fiscalía sustenta los cargos contra Edgar Alarcón con abundante prueba documental y diversos testimonios que acreditan el manejo ilícito de fondos públicos.
4.315,48 mil soles de caja chica de la Contraloría se utilizaron para gastos personales.
426.359 mil soles de beneficios laborales hizo pagar el 2010, en su primera liquidación.
440.863 mil soles de beneficios laborales se aprobó el 2017, en la segunda liquidación.
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