
Texto: Grace Mora
Durante este 2020, los casos que llegaron a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN) han disminuido a comparación de años anteriores, un hecho llamativo y entendible dentro del contexto de pandemia que vive el país. Sobre todo en abril y hasta junio, meses en que la cuarentena fue obligatoria, eso sí, a partir de julio se ve un aumento progresivo en los números. Desde el 2017 y en estos tiempos críticos, tres delitos se encuentran en los primeros puestos de crímenes y faltas a ley: contra el patrimonio, contra la vida y omisión familiar.
En el caso de delitos contra el patrimonio que constituyen el 25% de la carga procesal, las estadísticas son rotundas a comparación del último año. Si en el 2019 hubo 2.690 procesos judiciales, en lo que va del 2020 (desde enero hasta agosto) son en total 763. En este tipo de delitos se incluyen los crímenes de robo agravado con un total de 254 casos y hurto agravado, con 226 procesados durante este periodo.
En el caso de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, las estadísticas también muestran una reducción. Durante este año, en total, hay 543 casos. Las infracciones que se encuentran en los primeros puestos de la tabla son las agresiones contra la mujer con 237 y lesiones leves por violencia familiar con 127 expedientes. Números que se alejan a la data del 2019 en el que la CSJLN recibió 2.190 procesos judiciales relacionados con este tipo de falta.
En tercer lugar, el delito de omisión de asistencia familiar tiene, hasta agosto de este año, 454 delitos procesados en esta corte. Un hecho que contrasta con la estadística del año pasado con 1.551, el número más alto en los últimos cuatro años.
Durante este año, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte ha logrado resolver más procesos de lo que ingresó a través de una descarga procesal bastante proactiva al contrario de tiempos pasados. Es llamativo que de 15.647 casos que ingresaron fueron resueltos 19.245; es decir, 3.598 procesos pasados también pudieron concluirse. “Hemos ido disminuyendo la carga de trabajo, gracias al compromiso de nuestros jueces, nos hemos organizado”, declaró Vicente Pinedo, presidente de la CSJLN.
Desde que inició la cuarenta, la Corte de Lima Norte, tuvo que readaptarse a todos los procesos y sentencias que debían de realizarse durante la pandemia de la COVID-19. Tradicionalmente utilizaban un 95% de expedientes en papel y en presencia física de los usuarios judiciales. Es así, como a partir del 27 de marzo empezaron a utilizar Google Meet, una aplicación donde se efectúan las audiencias en salas virtuales a los cuales concurren las partes procesales y el juez. Es decir, ya no usan los expedientes en físico y resuelven estos asuntos mediante la oralidad, las partes involucradas concurren y se les garantiza los derechos procesales.
La Corte Superior de Justicia de Lima Norte aprobó el Protocolo para el uso de la Plataforma Virtual denominada Sistema de Requerimientos Judiciales Digital (SIREJUD), que dispuso el uso de esta herramienta tecnológica en el distrito judicial. Se implementó una mesa de partes virtual y un sistema de atención, lo que facilitó el trabajo de la Sala Mixta y Juzgados Penales que atendieron durante el estado de emergencia como órganos jurisdiccionales de emergencia.
“Hemos dado una respuesta positiva, y nos hemos adaptado plenamente”, afirmó Vicente Pinedo. Además, lo resumió así: “Es un ahorro logístico, pero fundamentalmente garantizamos la vida y la salud de nuestros jueces”.
Hasta el momento, solo una jueza titular ha fallecido a causa de la COVID-9 y registrarían alrededor de 100 trabajadores contagiados. Pese a estas bajas, Pinedo refirió que la atención no se ha detenido: “Hay una convicción en nosotros que el servicio público debemos de cumplirlo”.
Referente a los involucrados de la tragedia en la discoteca Thomas Restobar, el presidente de la Corte Superior de Lima Norte declaró que con la celeridad que ya se practican las sentencias a los involucrados sería en un tiempo corto. “En este particular caso no debería pasar más de un año. Tenemos la esperanza de que debe resolverse lo más breve posible”, acotó.
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“No compete tanto al juez. Si bien de oficio debemos; pero, si no tenemos un requerimiento, no tenemos una acusación concreta. En este caso es el Ministerio Público, nosotros de oficio no podríamos hacer eso. Acá también cabe el llamado a la convocatoria y, efectivamente, en ese escenario debemos reconocer el buen trabajo que hacen los fiscales. Entonces, en la medida que el Ministerio Público lo promocione y acelere, los jueces no tenemos que hacer otra cosa que simplemente ser expeditivos y poner con prontitud a ese clamor social”, agregó el magistrado.
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