Congreso se aferra a privilegios en ley sobre declaración jurada de intereses

El Congreso lo hizo otra vez. Con el falso pretexto de otorgar potestad sancionadora a la Contraloría General de la República (CGR), los miembros del Parlamento aprobaron el lunes último una ley que fortalece sus privilegios en cuanto a la presentación de la declaración jurada de intereses (DJI). Por si fuera poco, el texto sancionado sería inconstitucional.

El punto de partida de esta norma tiene que ver con un proyecto de ley del congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú), quien planteaba otorgar potestad sancionadora a la CGR, ante eventuales irregularidades en la presentación de las DJI.

El 19 de agosto, la Comisión de Fiscalización, que preside Edgard Alarcón, aprobó un dictamen de este proyecto. Pero el lunes 24, a la 2:58 p.m., Alarcón ingresó por mesa de partes un texto sustitutorio con trampas.

Y es que el primer dictamen fijaba una lista sobre los funcionarios obligados a presentar las DJI, pero Alarcón hizo una modificación excluyendo al personal del Congreso. Esto será regulado solo por su reglamento.

Fuentes del Ministerio de Justicia advierten que este trato privilegiado afectaría la transparencia, en tanto, se trata de una política de Estado que debe funcionar en forma transversal.

Incluso el texto aprobado por el Congreso incluye una novena disposición complementaria que enfatiza que la DJI “de los congresistas de la República y del personal del Congreso se sujeta exclusivamente a la normativa prevista en el reglamento”.

Inconstitucional

Un segundo aspecto de gravedad de esta norma tiene que ver con las faltas. Supuestamente esta ley fue aprobada para otorgar facultad de sanción a la Contraloría General de la República (CGR), frente a irregularidades detectadas en las DJI.

Sin embargo, en ningún extremo de la norma se desarrolla esa potestad sancionadora. Esto fue advertido el mismo lunes por el contralor Nelson Shack, quien envió un oficio al Congreso. Pero su opinión no fue tomada en cuenta.

El proyecto de ley original de Guillermo Aliaga también tenía un artículo con una lista precisando las faltas, pero este extremo fue mutilado del texto final que aprobó el Congreso.

La norma final solo señala que la tipificación de las faltas será regulada mediante reglamentos. Nelson Shack también alertó al Parlamento sobre esta deficiencia. El titular de la CGR subraya que no se puede dejar para un reglamento la regulación de las faltas, porque eso sería inconstitucional.

Fuentes consultadas del Ministerio de Justicia comparten dicha opinión. Un precedente tiene que ver con la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso 00197-2010-AA, en el cual enfatizan que las faltas deben ser aprobadas siempre mediante una norma con rango de ley.

Votación apresurada

La cuestionada norma sobre las declaraciones juradas de intereses (DJI) fue aprobada por la totalidad de bancadas, con 122 votos a favor.

Solamente votaron en abstención un sector del Partido Morado: Francisco Sagasti, Daniel Olivares y Alberto de Belaunde. Junto con ellos, luego, Gino Costa votó contra la exoneración de segunda votación de esta norma.

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