Gerardo Sepúlveda presentó denuncia contra el Estado peruano ante la CIDH

El empresario chileno Gerardo Sepúlveda presentó una denuncia contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La defensa del investigado por el Equipo Especial Lava Jato alegó una presunta violación de tres derechos de parte de las autoridades peruanas: a la libertad personal, tener un juez imparcial y a la doble instancia.

Cabe resaltar que el exsocio de Pedro Pablo Kuczynski se encuentra con impedimento de salida del país desde el pasado 26 de febrero. Hace dos meses, Sepúlveda intentó abordar un vuelo humanitario, ya que dicha medida en su contra había concluido.

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Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Migraciones impidió que regrese a Chile. Tras ello, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó que permanezca en el Perú, primero hasta el 7 de junio y luego, hasta el 26 de junio.

Mediante un comunicado de prensa, los abogados del inversionista sostuvieron que la libertad personal del ciudadano chileno ha sido violada porque se le decreta impedimento de salida del país por ser testigo importante en una investigación pese a que lleva tres años formalizada.

Asimismo, señalaron que cuando esta medida se dictó, los 36 meses de investigación del caso ya habían expirado.

Por último, se quejaron ante la falta de imparcialidad de Concepción Carhuancho, quien ha fallado en diferentes ocasiones a favor de los pedidos del fiscal José Domingo Pérez durante el proceso contra Sepúlveda.

Su defensa argumentó presuntas irregularidades en la entrega de datos por parte del juez, como brindar un correo errado para presentar la apelación y violar el turno establecido por el sistema procesal peruano para asignarse la causa y revisar la solicitud del fiscal.

Este 26 de junio, Gerardo Sepúlveda será interrogado por el caso Interoceánica Sur, investigación a cargo del Equipo Especial Lava Jato.

Por otra parte, el fiscal Rafael Vela, coordinador de dicho grupo de trabajo, pidió a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada para que eleve a la Corte Suprema una casación.

Ello con el fin de que el Poder Judicial dicte una orden de prisión preventiva de 36 meses contra el investigado.

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