Desde el penal Sarita Colonia: hay un solo médico y todos estamos juntos, señala recluso.
Hay cuatro contagiados con COVID-19 y se han tomado muestras a 161 reclusos. El INPE dispone el cierre del penal y se dispone a trasladar a los reclusos.
“Hay presos con fiebre. Han sacado cuatro que ya no han regresado, luego otros dos más, pero como no tienen lugares donde tenerlos, los retornaron, acá al patio y allí estamos deambulando, hacinados, contagiándonos entre nosotros mismos, sin ninguna ayuda”.
Este es el relato que un interno procesados en el penal Sarita Colonia en el Callao realizó vía telefónica a La República. El fin de semana un preso falleció con síntomas de coronavirus, fiebre alta y tos, y se detectó que otros cuatro internos tienen la enfermedad del COVID-19.
Con el fin de contener la propagación de la enfermedad, el INPE dispuso el cierre del penal y ha realizado pruebas de descarte rápida a 161 reclusos. Aún no hay resultados del examen. Mientras esperan el resultado todos siguen juntos. Sin mascarillas y medicinas. Algunos presentan fiebre y dificultad para caminar, refieren los reclusos.
El penal Sarita Colonia es el tercer centro penitenciario con mayor hacinamiento en el país, al comparar su capacidad de albergue con el número de reclusos. Los 3.222 reos se han negado a retornar a sus celdas y permanecen en el patio, luego que el lunes se confirmara que cuatro de ellos se infectaron con el coronaviru.
Con el apoyo del Ministerio de Salud, el INPE realizó el examen de descarte a 161 reclusos que habían tenido contacto y pertenecían al pabellón del reclusos fallecido y de los otros cuatro enfermos. Pero, no hay un lugar de aislamiento. Todos han regresado a sus celdas habituales.
Nadie nos mira
El personal penitenciario en el penal del Callao también pide exámenes de descarte y equipos de protección para realizar su trabajo. A través de un video, difundido a través de la cuenta de Twitter de @ZonaRosada, el personal penitenciario pedía que se les realizara el examen de descarte, antes de regresar a sus casas.
Personal del INPE reclama por implementos de protección por el coronavirus
“Son las 12:00 del día, el personal entrante y saliente del penal estamos esperando que vengan del hospital Carrión a realizar la prueba. Por nuestra cuenta, por qué tenemos familiares, esposas e hijos con anemia, gastritis, nos vamos a realizar la prueba al hospital San José”, señalan.
Otro pidió el equipo necesario para la custodia de los reclusos, guantes. “Queremos todo el traje completo que usan los doctores, seguridad para nosotros y nuestra familia, queremos igualdad para todos en este trabajo donde arriesgamos la vida, parece que no existieramos”.
Personal del INPE no fue atendido al pedir examen de descarte por coronavirus
A las 12:45 de la tarde, reportaron que en el hospital San José les dijeron que allí no realizaban los exámenes de descarte. “Cómo nos protegemos, qué debemos hacer, a quien recurrimos” preguntaban, sin que ninguna autoridad les de respuestas.
Un médico
El recluso al que La República pudo contactar refiere que solo hay cuatro reclusos separados de la población y hay un médico para atender a toda la población penitenciaria.
“Solo hay un médico, que atiende de lejos, de manera altanera, no hay medicamentos. Nos han dicho que solo nos apersonamos cuando nosotros mismos veamos que tengamos 40° de fiebre, dicen que cuando tengamos fiebre alta, pero nadie nos mide la temperatura, no hay termómetros”, refirió el recluso.
Anotó que hay varios reclusos que están con síntomas de gripe y tos, pero que están deambulando al lado de otros internos. Se cubren el rostro con lo que tienen a la mano, sus polos o cualquier trapo.
“Hay mucho adulto mayor, de 58 hasta 80 años, no hay mascarillas, ni medicinas. Las raciones de comida se siguen repartiendo. La gente está en el patio, nadie quiere regresar a los pabellones, piensan que los van a dejar morir”, subrayó.
Autoridad penitenciaria
Ante los casos de contagios detectados en el Callao, el INPE dispuso el cierre temporal del penal Sarita Colonia y anunció el traslado de todos los reclusos a otro centro penitenciario, de acuerdo con su clasificación, perfil, régimen y niveles de seguridad. Todavía no se ha especificado una fecha para los traslados.
La presidencia del INPE dispuso cerrar el penal Sarita Colonia y el traslado de reclusos a otros centros penitenciarios
Esa decisión generó preocupación y alarma en todos los centros penitenciarios de Lima. Lurigancho, Castro Castro y Ancón también están sobrepoblados. Durante los traslados la enfermedad podría diseminarse a todos los penales del país.
Nota del editor: El miércoles 8 de abril, el Instituto Nacional Penitenciario aclaró que ningún interno del penal Sarita Colonia será trasladado a otro centro penitenciario. Todo se habrían tratado de una confusión. La idea, dijeron, es que la Dirección Regional de Lima ya no clasifique más internos al penal del Callao y los deriven a otros penales. Eso es lo que persigue el cierre del pena.
Derechos.
Los reclusos son persona que no han perdido sus derechos. Algunos están privados de su libertad porque han cometido graves delitos: homicidios, violaciones, narcotráfico o asaltos con violencia.
Pero, también hay reos procesados a los que hasta ahora no se les ha probado nada, que son la mayoría. Personas a las que se les privó de su libertad para dar tiempo y seguridad a los fiscales. Investigar sin obstáculos o para evitar una posible fuga, mientras se espera que concluya la investigación y se realice el juicio.
Entre los condenados hay gente que ya está por cumplir su pena. Reclusos a los que falta días, semanas o meses para reintegrarse a la vida libre. Procesados que tienen poco tiempo en prisión y habían apelado su prisión preventiva. Otros estaban negociaban una pena reducida, entre ellos “burrier” del narcotráfico, para delatar a otros responsables.
Ante el aislamiento social y la suspensión de actividades en el Poder Judicial esos casos han quedado sin definir y sin saber cuándo se definirá sus casos.
La población penitenciaria en el país suma un total de 95,548 internos que ocupan el 238% de la capacidad de albergue de los 68 penales del país, lo que supone que hay casi tres reclusos en el espacio físico en el que teóricamente debería haber uno solo.
De esa población, 4,761 reclusos, que representa el 5% de la población total son mayores de 60 años.
A los espacios saturados hay que agregar la escasa ventilación, servicios de agua y desagüe nulos o deficiente y escasa supervición de las condiciones de salud por lo que toda la población penitenciaria, que se encuentra bajo responsabilidad del Estado, se vuelve un grupo vulnerable.
Descongestión
Desde que se declaró la pandemia del COVID 19, la alta comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelett planteó la tarea urgente de descongestionar las cárceles. Buscando liberar a los que no signifiquen riesgo, los detenidos más viejos, con enfermedades o con detención por delitos no violentos.
Ante este llamado Estados Unidos, Canadá, Alemania, Iran, Afganistan y otros países han liberado reclusos. La cárcel más poblada de Alemania liberó a mil presos a los que les faltaba poco tiempo para cumplir su condena, excluyendo a los prisioneros violentos o reos por delitos sexuales.
Irán planifica liberar a 250 mil internos. Turquía aprobó una reforma al Código Penal para liberar a 50 mil internos de un total de 300 mil reclusos. Saldrán los que haya cumplido el 50% de su pena y los que reclusos por delitos menores.
En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) recomendó liberar a cinco mil reos que todavía no hayan recibido una sentencia porque estén en prisión preventiva por acusaciones de crímenes no violentos o pertenezcan al grupo de riesgo.
En el Perú la única respuesta ha sido decir que no hay contagios en los penales. Ahora, hay cuatro casos y solo se plantea mover a los reclusos, lo que es una contradicción con la inmovilización dispuesta por el gobierno.
