Los Cabitos: quince cadáveres serán evidencia en juicio oral
Judicializado. Familiares denunciaron desde el inicio que habían sido detenidos por militares entre 1983 y 1985, pero dos décadas después sus restos aparecieron en el terreno junto al cuartel del Ejército de Ayacucho
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Los cuerpos identificados de quince personas desaparecidas entre 1983 y 1985, y que fueron exhumados del terreno junto al cuartel Los Cabitos, en Ayacucho, serán determinantes para probar la responsabilidad de los altos militares de dicha instalación del Ejército, en los procesos judiciales que se iniciarán en base a las nuevas denuncias presentadas por la Fiscalía.
Sus familiares aseguraron siempre que se los llevaron efectivos militares y nunca más los volvieron a ver. Sus relatos cobraron veracidad años después, cuando les informaron que habían sido identificados de entre los restos de 109 personas encontrados en La Hoyada, lugar que había sido usado como campo de tiro por personal destacado en el cuartel. Entre ellos hay estudiantes, maestros, campesinos y artesanos que vivían en las periferias de Huamanga, y fueron detenidos por miembros del Ejército.
Tenía 15 años
Hasta ahora el más joven es Javier Tito Cordero de la Cruz. Tenía 15 años y era estudiante de secundaria. El 14 de julio de 1984, individuos armados y vestidos de civil lo secuestraron cuando jugaba fútbol en la Plazoleta de Carmen Alto.
Su madre denunció el rapto ante la Policía, la Prefectura, el cuartel militar, pero todos negaron su detención e incluso responsabilizaron a Sendero Luminoso. Más de 20 años después, su esqueleto desnudo fue exhumado de La Hoyada, y el año pasado se lo entregaron a sus familiares, convirtiéndose en una de las 15 pruebas indubitables de que Los Cabitos fue un lugar de tortura y muerte.
Catorce días después, la madrugada del 28 de julio de 1984, el joven Eloy Barrón Barzola, de 19 años, fue secuestrado de su casa por efectivos militares. El día anterior había desfilado en la escolta de su colegio. “No llores porque soy inocente”, le dijo a su madre cuando se lo llevaban. Se lo devolvieron hace dos años en un pequeño cajón blanco. El mismo día fue detenido su vecino Amador Conga Ataucusi.
A ambos los subieron a una camioneta del Ejército. El mismo mes los familiares de Ricardo Carrión Jaulis y Severino Díaz Quispe reportaron su desaparición. El primero fue detenido cuando iba al Banco Popular de Huamanga a retirar dinero para un pequeño negocio; el segundo, cuando se dirigía a la Municipalidad de Ayacucho para encontrarse con su enamorada.
Tres carpetas
El coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional, Daniel Jara, que ve los casos de derechos humanos, explica que se trata de tres carpetas fiscales que generarán tres juicios por los crímenes cometidos contra población civil en el marco de la lucha contrasubversiva.
La primera de ellas, denominada Cabitos 1983-2, incluye 23 agraviados que se fueron conociendo durante el juicio contra los altos mandos que ese año estuvieron en la instalación militar y que culminó con una sentencia contra dos de ellos. El segundo caso reúne 58 víctimas de secuestro, desaparición forzada o asesinato cometidos durante 1984. Y en la tercera carpeta se registra 18 personas que sufrieron violaciones a derechos humanos en 1985.
En ese caso se ha identificado los cuerpos de dos víctimas, una de ellas es Braulio Hinostroza Sulca, quien fue detenido por miembros del Ejército en julio de ese año, junto a sus padres. Testigos refieren que fueron llevados a la “Casa Rosada”, donde fueron asesinados.
El fiscal Jara señala que al formalizar la denuncia empieza la etapa de instrucción. Destaca el trabajo del fiscal de Huancavelica Alejandro Casallo, que culminó la investigación preliminar con la acusación de los altos mandos por autoría mediata . “En este caso se produjo un patrón de actuación contra los derechos humanos de la población civil. Ahora toca hacerles justicia”, sentencia.
Altos mandos denunciados
Acusados por 1983: Carlos Briceño Zevallos, Carlos Millones Destefano, Roberto Saldaña Vásquez, Arturo Moreno Alcántara, Pedro Paz Avendaño y Humberto Orbegozo Talavera.
Acusados por 1984: Wilfredo Mori Orzo, Carlos Bertarelli Rodríguez, Nelson Gonzales Feria y Juan Briones Dávila.
Acusados por 1985: Wilfredo Morin Nelson Gonzales y Raúl García.
Periodista de la sección Política del diario La República. Egresada de la universidad Jaime Bausate y Meza. Ganadora del Premio Periodismo y Derechos Humanos 2005 otorgado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Escribe crónicas, perfiles y reportajes sobre hechos políticos y la violencia interna que vivió el país.