El ex primer ministro César Villanueva continúa internado en una clínica local en Lima desde el lunes 2 de diciembre. Esto habría provocado su inasistencia a la audiencia realizada el último jueves en la que se evaluó su impedimento de salida y comparecencia restringida.
Su permanencia en el establecimiento de salud, hecho difundido por Perú21, se debe a que aún no se recupera del cuadro de crisis hipertensiva que padeció cuando la Fiscalía pretendía interrogarlo. Debido a esto, el expresidente del Consejo de Ministros aún no da su testimonio.
Villanueva Arévalo no asistiría a la lectura del fallo judicial de la diligencia del último jueves y tampoco a la que recién iniciará este viernes para evaluar el pedido fiscal de prisión preventiva por el plazo de 18 meses, solicitada por el caso Odebrecht.
Si el Poder Judicial declara fundado el pedido y se le impone la detención preventiva, recién esta se haría efectiva cuando el ex alto funcionario se encuentre completamente bien de salud.
En la diligencia del último jueves, en la que se evaluó las medidas cautelares en su contra por presuntamente haber contactado a fiscales para que infiltren en Equipo Especial del caso Lava Jato, la fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales, a cargo de este caso, reveló los argumentos en su contra pero también sus motivos por el que no solicitó para él la prisión preventiva.
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Revilla indicó que la salud de Villanueva Arévalo se vería muy afectada si permanece detenido debido a la afección coronaria isquémica crónica con insuficiencia cardíaca que padece. Por esta razón solo pidió la impedimento de salida y comparecencia restringida.
Además, sostuvo que debe cumplir con el pago de caución de S/ 100 000. Entre los detalles reveladores de la Fiscalía era que existiría un segundo miembro infiltrado en el Equipo Especial del caso Lava Jato, presuntamente para evitar o dilatar el caso del ex primer ministro.
A César Villanueva se le imputan los presuntos delitos de tráficos de influencias y negociación incompatible, por haber contactado con fiscales con el objetivo de infiltrar el Equipo Especial; y también de los presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal, por supuestas coimas que habría recibido de la constructora Odebrecht para adjudicarse con la carretera Cuñumbuque–Zapatero–San José de Sisa, en San Martín.