El Informante: Deslacrando un caso, por Ricardo Uceda

A comienzos de año tuvo niveles de escándalo la penetración de Rosa Venegas, funcionaria del Ministerio Público, en una oficina lacrada por un fiscal. Venegas habría actuado por órdenes del entonces fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry. Eran días en los que Chávarry estaba en la picota. Había destituido —y horas después repuesto— a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, terminando de convencer a la opinión pública de que saboteaba sus investigaciones. La oficina de uno de sus asesores, Juan Manuel Duarte, estaba intervenida. Allí, supuestamente, había pruebas de su confabulación con la imputada por lavado de activos Keiko Fujimori. Venegas se llevó documentos aún no identificados. Inicialmente dijo que fue por iniciativa propia pues le pertenecían. Después culpó a Chávarry.

La destrucción de envolturas o sellos puestos por la autoridad es un delito “contra la preservación e identidad de objeto” y se castiga con servicio comunitario. Puede concurrir con otro, “encubrimiento real”, cuando desaparecen pruebas de un crimen, en cuyo caso la pena puede ser cuatro años de prisión, que generalmente se suspenden. Venegas admite haber delinquido en ambos aspectos. Pero el Ministerio Público investigó los hechos bajo el supuesto de que hubo sobornos o dádivas para consumar el deslacrado de la oficina y la posterior sustracción de los documentos. El delito se llama cohecho. La denuncia en tales términos la hizo el fiscal José Domingo Pérez. Por su naturaleza fue derivada a una dependencia del Ministerio Público que investiga corrupción de funcionarios.

Misterio persistente

Cuando recibió el expediente, el principal empeño del fiscal Reynaldo Abia fue documentar los supuestos sobornos. Esto comprendía a Venegas, a un grupo de funcionarios y a tres policías. Chávarry estaba fuera: debía indagarlo la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. El resultado se conoció hace pocos días. Abia archivó la investigación por cohecho. No había, dijo, ningún elemento que permitiera sostenerla.

El relato del fiscal no resuelve el misterio principal del deslacrado: ¿ordenó o no Chávarry eliminar pruebas que lo incriminaban? La única que mantuvo esta incriminación fue Rosa Venegas. Pero hay elementos para suponer que ella no pudo sacar esos documentos sin que por lo menos algunas de las personas presentes en una sala de reuniones, convocadas por Chávarry para opinar sobre la legalidad de la intervención dispuesta por Pérez, se hubiera dado cuenta. Esto tendría que ser demostrado. Pero por una fiscalía común, según Abia, y en el marco de una investigación de los delitos evidentes desde el primer momento: violación de sellos y encubrimiento. Ya no por cohecho.

Falta de indicios

Al margen del fondo, la lectura de la Disposición No. 6 de Reynaldo Abia describe pasajes que permiten entender mejor las actuaciones del fiscal del momento, José Domingo Pérez. La primera cuestión saltante es que el informe con el que reportó el supuesto delito de cohecho (No. 1-2009) no contuvo ningún elemento objetivo de que se hubiera cometido. Estaba la conclusión pero sin indicios previos. Dijo que Chávarry ejecutó la sustracción de pruebas del delito ofreciendo beneficios a tres policías de su escolta: Juan Arias, James Rodríguez y Hugo Robles. Ellos debían violentar el precintado para facilitar la entrada de Venegas a la oficina de Duarte. Pero el informe pasaba de los hechos ilícitos advertidos a las conclusiones sin la menor sustentación.

En su Disposición No. 1, Reynaldo Abia requirió a José Domingo Pérez precisar los términos de su denuncia por corrupción de funcionarios contra Venegas y los tres policías. Arguyó que si bien para denunciar era suficiente una sospecha inicial simple, requería de parte del fiscal “puntos de partida objetivos, es decir, un apoyo justificado por hechos concretos”. En el Informe No. 1-2009 no se advertía “una narración precisa, detallada y veraz” de los delitos presumidos.

Fiscal de cuidado

Ante el requerimiento a Pérez, contestó una fiscal del Equipo Especial de Corrupción de Funcionarios, Elvia del Carmen Caro, diciendo que todo estaba en el Informe No 1-2019. Abia, insistiendo, le dio a Pérez un plazo de tres días para que aclarara su denuncia, obteniendo otra respuesta de Caro. Ahora repuso que le llamaba poderosamente la atención que no se hubiera pronunciado ante los “gravísimos hechos” denunciados por el fiscal Pérez. Para entonces Abia ya estaba investigando a los implicados y escuchando a los testigos. Cuando Pérez acudió a dar su manifestación, se remitió por completo a su informe insuficiente, sin añadir una coma. Luego de lo cual expresó que Abia debía ser excluido de la investigación. Dijo que había actuado irregularmente al no incluir entre los investigados a Juan Asmat y Aldo León, dos funcionarios de la fiscalía mencionados en el Informe No. 1-2019.

El pedido de José Domingo Pérez fue resuelto por la fiscal superior Nelly Castro. Cuando declaró ante ella no sustentó el marco jurídico de su reclamo (inexistente porque Abia tenía autonomía para actuar). Al resolver, Nelly Castro explicó por qué no hubo irregularidad funcional. La delimitación de investigados la había hecho la propia fiscal de la Nación. Añadió que el mero criterio del fiscal Pérez no se podía convertir en una irregularidad funcional. En fin, ¿qué revela todo esto? Mostraría hasta qué punto un destacado fiscal anticorrupción puede usar su poder mediático —no tiene otra naturaleza— dentro y fuera del Ministerio Público. El problema es menor cuando reclama erróneamente contra otros magistrados o autoridades políticas. Es mayor cuando afecta a investigados, quienes, corruptos o no, requieren fiscales que actúen con objetividad.