El Ejecutivo, a través del procurador del Minjus, Luis Alberto Huerta Guerrero, respondió formalmente a la notificación que el Tribunal Constitucional le envió hace unas semanas.
Como se conoce, el expresidente del Congreso Pedro Olaechea formuló ante el TC una demanda competencial en contra de Martín Vizcarra por haber planteado cuestión de confianza a fin de que el Congreso cambie el sistema de elección de los magistrados del TC.
La negación fáctica de la misma por parte del Parlamento culminó con su disolución, la cual fue decidida por el Ejecutivo. De acuerdo a Olaechea, el gobierno no tenía las facultades para pedir dicho voto de confianza.
El pedido del político fue admitido por el Tribunal Constitucional, que notificó sobre ello al Ejecutivo, el 5 de noviembre. Una decisión favorable para Olaechea dejaría como no regular el cierre del Legislativo.
“La contestación de la demanda se divide en tres partes. En la primera se delimita el contenido de la demanda competencial, a efectos de identificar las pretensiones de la parte demandante y formular una serie de observaciones preliminares a sus argumentos. En la segunda se formulan cuestionamientos de índole procesal, de modo tal que puedan ser evaluados por el tribunal para declarar improcedente la demanda”, se lee en parte de la respuesta del Ejecutivo al TC.
“En la tercera se plantean los argumentos sobre el fondo de la controversia a fin de desestimar la demanda en todos sus extremos. En la cuarta y última parte, se formulan observaciones relacionadas con los efectos de la sentencia solicitados por la parte demandante”, se añade.
En el escrito también se explica que se ha adjuntado un informe jurídico elaborado por el Doctor César Landa Arroyo, que debe ser considerado como parte de los argumentos de defensa del poder.
Vale precisar que el Ejecutivo tenía hasta un mes para responder luego de haber sido informado; sin embargo, lo hizo en aproximadamente quince días.
La determinación del Tribunal Constitucional podría demorar varias semanas; incluso podría conocerse su resolución pasada las elecciones congresales.
En el escenario de que se apruebe lo formulado por Olaechea luego de los comicios, no habría vuelta atrás y solo quedaría como ejemplo para situaciones similares, de acuerdo a fuentes de La República.