Desde que el Equipo Especial Lava Jato destapó que la campaña fujimorista del 2011 había operado mediante el “pitufeo” para camuflar aportes de empresarios, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, alegaba que el dinero usado para sus actividades proselitistas de ese año fue bancarizado.
Hace dos años expresó que “en el 2012 y 2013 la ONPE envió cartas a todos los aportantes para preguntarles si tenían alguna observación o si el aporte que había señalado el partido político era real o no”. “Nunca hubo una sola persona que señalara lo contrario”, sostuvo entonces Fujimori Higuchi. En agosto del año pasado enfatizó a Canal N que “culminada la campaña del 2011 tuvimos un informe de la ONPE que señalaba que no había ninguna observación pendiente”. Meses después agregó que “de acuerdo a la información y a los reportes que existen de nuestro partido no hay dinero que haya entrado de manera ilegal, todo es bancarizado, todo ha sido transparente”.
Sin embargo, en el informe técnico 043, de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) de la ONPE, no figura el nombre de ninguno de los empresarios que han declarado ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga al partido naranja por presunto lavado de activos.
En el 2011, de acuerdo al GSFP, los financiamientos a la campaña de Fujimori Higuchi ascendieron a S/ 17 millones 450.752. Se estima que, en caso del empresariado, sus aportes no reportados a la ONPE son de más de US$ 7 millones. El presidente de Credicorp, Dionisio Romero, expresó el último lunes a la Fiscalía que solventó a Fuerza 2011 con US$ 3 millones 650 mil en efectivo. Al día siguiente, el fundador del Grupo Gloria, Vito Rodríguez Rodríguez, dijo que apoyó con US$ 200 mil.
A eso se suma que el empresario José Graña Miró Quesada confesó ayer en el MP que Capeco dio US$ 240 mil a la Confiep para la campaña publicitaria de la lideresa naranja. Como se sabe, la Confiep aportó US$ 2 millones, de los cuales US$ 200 mil eran de Odebrecht. Según la tesis fiscal, la carrera electoral de Keiko Fujimori recibió US$ 1,2 millones de la constructora brasileña.
Cabe recordar, además, que en su afán de negar el dinero de la Caja 2 de Odebrecht, el excandidato a la vicepresidencia Jaime Yoshiyama dijo que el partido fujimorista había recibido un aporte del fallecido empresario Rassmuss Echecopar por US$ 800 mil, pero nunca fueron reportados a la ONPE.
Para el abogado tributarista José Verona el financiamiento que recibió el partido político de Fujimori Higuchi de grandes compañías y grupos empresariales no son transparentes. "Al no figurar como aportantes y el monto al ser mayor a los 60 UIT, la entrega de dinero no reúne los requisitos para ser considerada como aporte, por tanto, es una dádiva, un dinero que tiene naturaleza de un incremento patrimonial no justificado”, explicó. Verona precisó que un aporte que respete las normas electorales, “primero, no excede las 60 UIT y, segundo, es declarado ante la ONPE entre la convocatoria y elecciones”.
Por la tarde, el fiscal José Domingo Pérez reiteró que con el testimonio del empresario Dionisio Romero "se demuestra la modalidad criminal o el modo de operar (de Fuerza Popular). “Es decir, la recepción de dinero en efectivo para luego fraccionarlo, ‘pitufearlo’ en los términos de la metodología del lavado de activos y luego que este ingrese al sistema financiero a través de falsos aportantes. La información que ha dado el testigo el día lunes acredita la tesis del Ministerio Público de que en efecto hubo recepción del dinero en efectivo, se fraccionó”, sostuvo.
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El abogado de Dionisio Romero, José Ugaz, enfatizó que los aportes de Credicorp a Fuerza 2011 fueron bancarizados a través de 17 transferencias desde el Atlantic Security Bank hacia el Banco de Crédito del Perú, de donde salió el dinero para la campaña de Keiko Fujimori con operaciones registradas. Para el abogado José Verona, el problema es que cuando “en el BCP sacan (el dinero) en efectivo, ya no está bancarizado”.
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