Medida cautelar podría ayudar a ‘Los Cuellos Blancos’

Un nuevo peligro en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial. Juan Alberto Vélez Urquía, un fiscal provincial de Amazonas, sancionado con suspensión en el ejercicio del cargo por la Fiscalía Suprema de Control Interno, ha obtenido una medida cautelar en acción de amparo que lo repone y le permite seguir administrando justicia en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jazán, en la provincia de Bongará, Amazonas.

El hecho ha hecho saltar las alarmas en el Ministerio Público y el Poder Judicial, ante el peligro de que vía demandas de amparo, otros jueces y fiscales sancionados por graves actos de corrupción, vinculados con delitos comunes o del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, puedan ser repuestos y continúen administrando justicia.

Esto, además, teniendo en cuenta que, tras la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), aún no existe un organismo que imponga sanciones definitivas a jueces y fiscales. La nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), en proceso de elección, recién entraría en funciones en febrero del 2020.

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Desde julio del 2018, cuando se cerró el CNM, ante casos de corrupción, la Fiscalía Suprema de Control Interno en el Ministerio Público y la Oficina de Control de la Magistratura en el Poder Judicial solo pueden imponer sanciones de suspensión de hasta seis meses.

“Es cierto, desde julio del 2018 pasaron más de seis meses. En los casos que el fiscal o juez no apeló la suspensión, han sido reincorporados, no hay otra salida, porque el plazo de la sanción cuenta desde el día siguiente de la notificación. En los casos que han apelado estamos ganando tiempo, pero eso tampoco puede ser indefinido”, explicó un funcionario judicial.

Casos estancados

En los últimos 12 meses, el jefe de la OCMA, Vicente Walde Jáuregui, ha firmado 35 propuestas de destitución de jueces y no hay decisión final. Por su parte, en el mismo periodo, la fiscal suprema de Control Interno, María Isabel Sokolich Alva, acumula 30 propuestas de destitución a la espera de que un día no muy lejano la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomé la sanción definitiva.

Este es el contexto en que el fiscal Vélez Urquía ha logrado, el pasado 19 de setiembre, vía una medida cautelar, que el juez Edison Polo Huamán, del Juzgado Civil Permanente de Chachapoyas, en Amazonas, suspenda las resoluciones de control interno que lo sancionaron por falta grave y ordene su reposición en el cargo.

La orden judicial se cumplió al día siguiente. El 20 de setiembre, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, Gilder Zapana Mayta, procedió a reincorporarlo.

“Dicha situación atenta no solo contra la majestad del Órgano de Control del Ministerio Público que, dentro de un procedimiento sancionador con arreglo al debido procedimiento, ha determinado la responsabilidad funcional del fiscal Juan Alberto Vélez Urquía, sino que, además, vulnera la legitimidad del Ministerio Público de apartar de la función a magistrados que vulneran los deberes propios del cargo y merman la imagen de nuestra institución, incurriendo con dichos fallos en la presunta comisión de ilícitos penales”, advirtió Sokolich en un escrito a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Sokolich Alva también ha pedido la intervención del jefe de la OCMA, Vicente Walde Jáuregui, para que inicie una investigación sobre la actuación del juez de Chachapoyas, Polo Huamán, quien expidió la resolución en favor de la medida cautelar dentro de un proceso de amparo.

Los cuestionamientos contra el fiscal Juan Vélez Urquía

- Juan Alberto Vélez Urquía fue sancionado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Amazonas por archivar una investigación contra el responsable de un accidente de tránsito, sin notificar a la agraviada de una diligencia y sin evaluar los exámenes de dosaje etílico que certificaron que el agresor conducía ebrio.

- A través del principio de oportunidad, Vélez Urquía archivó la investigación al calificar los hechos como una falta leve.

- Si bien los hechos atribuidos a Vélez Urquía pueden no ser muy graves, es conocida la estrategia de algunos abogados de generar este tipo de antecedentes que luego ayudan a favorecer a otros magistrados.

Advertencia

La fiscal suprema María Isabel Sokolich Alva envió este documento a la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, alertando riesgos en la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia.