Desde el año 2001 la elección del Parlamento ha seguido dos reglas concurrentes. La primera, la de la continuidad, permitía que los partidos del llamado elenco estable mantuviesen posiciones, y la segunda, la regla de la novedad, que reflejaba en los congresos la presencia de nuevas formaciones. Aun cuando la regla de la continuidad fuese más acusada (elecciones 2006 y 2016), o la de la irrupción (2001 y 2011), ninguna aplastó a la otra, de manera que el Perú no tuvo en los últimos 18 años parlamentos totalmente novedosos.
En el Congreso a elegirse el 26 de enero, estas reglas persistirán y se condicionarán mutuamente; su principal signo no será la absoluta novedad de los partidos por si alguien cree que estos comicios servirán para fundar un nuevo sistema de partidos. En este punto, el sistema seguirá funcionando como un proveedor de representaciones que no se proponen alterar disruptivamente las reglas de juego. En el mismo sentido, si se indaga sobre si el próximo Congreso será pleno de un momento constituyente, la respuesta más probable es no.
La corta duración del nuevo Parlamento se contrapone con las exigencias de un proceso que tendrá como competencia de fondo las elecciones del año 2021. Esta realidad corresponde a dos elecciones seguidas a la mitad del ciclo de recomposición del sistema de grupos políticos, donde predominan actores débiles, y en el que se registran todavía más defunciones que nacimientos. De la elección emergerá un Parlamento con algunas características: 1) fragmentado; 2) inexperto; y 3) autolimitado. Será entonces un Congreso de transición dentro de la transición, lo que no impide que sea, si se lo proponen los grupos más avanzados que lo integren, un instrumento de mucha utilidad para el futuro.
El papel más relevante del nuevo Congreso es la reforma, y en este punto se juega su trascendencia. Ese también fue el imperativo del Congreso disuelto, una hoja de ruta cantada por la realidad que fue cambiada por la confrontación, un error descomunal, de esos que solo pueden cometerse una vez en la vida, con los resultados conocidos.
El nuevo Congreso deberá fomentar con rapidez una coalición reformadora y hacer de ella su mayoría parlamentaria. Para ello, la reforma debería ser el eje de la corta campaña electoral que se ha iniciado. Lamentablemente, la mayoría de grupos pretenden encarar esta nueva etapa con otros códigos: de cara a la disolución del Congreso y con un discurso que recrea la dinámica de los últimos tres años. En quienes resulta más insólito este emplazamiento es en la izquierda, que ha vuelto a agitarse con el fantasma de una unidad en base a un programa maximalista.
De la derecha peruana, trancando la puerta para que no se toque nada de nada, no se puede esperar mucho, de manera que con la derecha e izquierda unidas -una inmovilista y la otra maximalista- sería ideal que los grupos que adscriben al centro y a las posiciones progresistas y liberales levanten un programa de reformas puntuales que atiendan ahora, no mañana, la cuestión política y social de esta transición: territorio, derechos, empleo, infraestructura, género, universalización de la salud y educación, por ejemplo.
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