Crónica: Diego Quispe Sánchez y María Elena Castillo
El proyecto que admite a trámite la demanda competencial, formulada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, contra la disolución del Congreso fue enviado ayer por correo a los siete magistrados del Tribunal Constitucional. Según fuentes de La República en esta institución, el documento les fue entregado por iniciativa del titular del TC, Ernesto Blume.
Este diario lo llamó insistentemente sin recibir respuesta, pero al cierre de esta nota, el titular del TC admitió en Canal N que autorizó que se reparta el citado proyecto, aunque negó que sea de su autoría y aseguró que ni siquiera lo ha leído.
Manifestó que el coordinador de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales, Omar Sar, lo elaboró por su propia iniciativa.
Y se comprometió a que hoy se elija al ponente, quien será el que elabore el proyecto sobre la admisión a trámite del caso, así como de la medida cautelar.
La recomendación del documento circulado, al que La República tuvo acceso, era un zarpazo contra el cierre del Parlamento: recomienda admitir a trámite la demanda de Olaechea y lo reconoce como presidente del Parlamento.
Además, da luz verde al recurso del titular de la Permanente amparándose en que el 25 de julio, el Pleno del Legislativo autorizó al presidente del Congreso a presentar conflictos de competencias con el objetivo de evitar que el Ejecutivo cierre el Parlamento. Asimismo, sostiene que Olaechea continúa siendo titular del Parlamento aun cuando está disuelto.
Aunque Blume no haya elaborado la propuesta de admisión de la demanda competencial, haber autorizado su entrega en forma encriptada reflejaría una seria contradicción de su parte.
El último lunes, el magistrado anunció que en el plenario de esta mañana se elegiría un delegado que elabore un informe sobre la demanda competencial de Olaechea. Pero el proyecto ya está listo sin que los otros jueces hayan designado a un ponente para este caso.
Dependerá del delegado que designen hoy si respalda la propuesta. De hacerlo, en las próximas sesiones se discutiría, en primer lugar, la medida cautelar interpuesta para suspender el cierre del Parlamento mientras el TC resuelve el conflicto de competencias.
Luego, en tres o cuatro meses, el TC emitiría un fallo sobre la demanda competencial. Existen tres escenarios: primero, que los magistrados fallen a favor de Olaechea, declarando nulo el cierre del Congreso que decretó el presidente Martín Vizcarra, y los exparlamentarios retomen sus fueros. Segundo, que la rechacen y la ciudadanía elija un Parlamento el 26 de enero del próximo año. Y, tercero, según algunos constitucionalistas, que se encarpete el pedido y recién se resuelva cuando se instale el nuevo Poder Legislativo.
Por ahora, según trascendió, son tres los que están a favor de que retorne el Congreso disuelto: Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón. En los próximos meses, esa composición podría cambiar a favor del fujimorismo y sus aliados si el tribunal admite al primo hermano de Olaechea, Gonzalo Ortiz de Zevallos, como nuevo magistrado.
Tales movidas generan preocupación en el gobierno. Temprano, fuentes de Palacio advirtieron que en la sesión del TC se designaría al magistrado Ferrero como ponente en el conflicto de competencias.
Ferrero es vinculado, en cierta forma, a Ortiz de Zevallos. La asesora del magistrado es Miluska Carrasco Gallardo, esposa del expresidente del TC Carlos Mesía Ramírez. El jurista es abogado del primo de Olaechea, aspirante a integrar el máximo organismo constitucional de nuestro país. Mesía Ramírez, además, fue invitado en setiembre último por la fujimorista Rosa Bartra a la Comisión de Constitución para criticar el adelanto de elecciones generales. Es decir, los vínculos encajan.
Ortiz de Zevallos, en tanto, juega su propio partido. Ayer, a las 4:30 de la tarde, asistió al TC a insistir por tercera vez, a través de un recurso formal, con su juramentación. En las dos anteriores oportunidades, explicaron las mismas fuentes del tribunal, fue recibido por Carrasco Gallardo.
Dos horas antes, el presidente de la Comisión Permanente también envió otro oficio presionando para que designen a su primo como nuevo magistrado.
Si Ortiz de Zevallos es reconocido por los jueces, reemplazaría a Eloy Espinosa-Saldaña, jurista que no es del agrado de Fuerza Popular y el Apra. El TC tiene pendiente resolver el hábeas corpus sobre la liberación de Keiko Fujimori y para el fujimorismo cambiar la correlación de fuerzas del tribunal es fundamental.
Por eso, la sesión de hoy en el Tribunal Constitucional, que se inicia a las 9 y 30 de la mañana, es fundamental. El primer punto en agenda es resolver el nombramiento del primo de Olaechea.
La balanza, al igual que en la demanda competencial, apunta por ahora a que cuatro magistrados rechacen la designación de Ortiz y tres estén a favor. Como no hay los votos suficientes para proceder con la juramentación, las mismas fuentes adelantaron que uno de los magistrados del TC propondrá en esta sesión que Espinosa-Saldaña se inhiba, alegando que él no puede participar en un proceso que lo involucra directamente.
Así, solo habrá seis vocales y Blume podría dirimir. Trascendió que como el magistrado estaría a favor de la juramentación de Ortiz, votaría dos veces en esa posición si excluyen a Espinosa-Saldaña.
Sin embargo, el TC deberá tomar en cuenta los recursos de reconsideración y nulidad pendientes en el Congreso disuelto, formulados por las exparlamentarias Patricia Donayre y María Elena Foronda contra la votación de la elección del primo hermano del exoficialista. Y eso lo debe resolver el Pleno de un nuevo Parlamento.
Pero Olaechea insiste en que su familiar integre el TC pese a que la resolución de esa elección todavía ni siquiera ha sido publicada en el diario El Peruano y el Congreso, oficialmente, está disuelto.
El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, no puede autodesignarse ponente en la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea porque eso sería irregular, sostuvo el expresidente del colegiado, César Landa.
Afirmó que los ponentes son elegidos en forma aleatoria o en todo caso por consenso del pleno del TC. En este caso no se registró ninguna de esas formas.
“El presidente del TC no tiene la atribución de autodesignarse ponente en ningún caso, eso no le compete”, advirtió al ser consultado sobre el proyecto de admisibilidad de la demanda entregado a los jueces por encargo de Blume.
Daniel Parodi - Historiador y docente en la PUCP y Universidad de Lima: “Desde la filosofía política, la disolución del Congreso fue un acto republicano y democrático porque la intención fue el fortalecimiento de las instituciones de la república, a través de las reformas”.
Patricia Donayre – Exparlamentaria: “Señores del Tribunal Constitucional, de admitir la demanda competencial se entenderá que están aceptando la legitimidad de quien la interpone (...) Tienen la obligación de hacer esa precisión”.
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