Por: Liliana Rojas
Tal como ocurrió hace 22 años, el fujimorismo nuevamente utiliza su mayoría para buscar un Tribunal Constitucional (TC) con magistrados subordinados. En ese entonces lograron su objetivo de manera temporal con el asesoramiento del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien hoy purga prisión por violación de los derechos humanos y delitos de corrupción.
Un video del 1° de abril de 1998 así lo evidencia. En las imágenes se ve a la cúpula fujimorista de ese entonces en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), recibiendo pautas y estrategias que debían seguir en el Congreso para infiltrar y mantener el control del Poder Judicial y del Ministerio Público, porque ya en el TC tenían una “situación positiva”, tras la destitución de los magistrados Delia Revoredo, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca.
Montesinos esboza también su estrategia para poner al fiscal y jueces “amigos” en el Jurado Nacional de Elecciones, que debía ser renovado, y así asegurar la nueva reelección del dictador Alberto Fujimori.
Era una de las tantas reuniones en las que el todopoderoso exjefe del SIN aleccionaba e imponía sus ideas entre los legisladores fujimoristas, de acuerdo a sus intereses.
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“Miren, nosotros estamos en el 98, estamos ahora en abril del 98, el Gobierno, no podemos dejar de reconocer que tenemos un control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Tenías en contra como un ente político al Consejo de la Magistratura. Y en cuanto al Tribunal Constitucional, que estaba en contra con el tema (segunda reelección de Alberto Fujimori) que ya conocen ustedes, hemos pasado a tener una situación positiva acá y una situación acá”, dice Montesinos a los fujimoristas. Luz Salgado, por entonces de Cambio 90-Nueva Mayoría, estaba entre ellos.
Un año antes, el 17 de mayo de 1997, como lo advirtió La República, la subcomisión que presidía precisamente Salgado inició la liquidación del TC. Para lograrlo, formuló una acusación constitucional contra los tres magistrados ante la Comisión Permanente del Congreso, presidida por Víctor Joy Way – también condenado por corrupción–, en un tiempo récord de 8 días, desde que se formó el grupo especial, a pesar de que tenían 30 días de plazo para cumplir su objetivo. Después de 12 días se consuma la destitución.
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El pasado miércoles 18, el fujimorismo y sus eventuales bancadas satélites Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Cambio 21 y el Apra definieron una lista de once candidatos para suceder a seis magistrados del TC, en un proceso de apenas media hora, sin transparencia.
Al día siguiente, Karina Beteta, vicepresidenta del Congreso, anunció que hoy el Pleno elegirá a los miembros del TC. El Gobierno ha anunciado una cuestión de confianza y hoy pretende sustentarla. El desenlace se sabrá en las próximas horas.
El 31 de enero del 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los magistrados Delia Revoredo, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca y ordenó su restitución al Tribunal Constitucional (TC).
En su resolución, el organismo supranacional concluyó que el Estado peruano violó el derecho a las garantías y protección judicial de los tres jueces, establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. También ordenó una reparación económica.
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