Informe: María Elena Hidalgo
Fuerza Popular es una organización política vertical, hermética y compartimentada, cuyo mecanismo de funcionamiento depende estrictamente de lo que decide la lideresa Keiko Fujimori, de acuerdo con la manifestación de uno de los colaboradores eficaces más importantes que ha conseguido recientemente el Equipo Especial Lava Jato. El valor de este testimonio es excepcional porque por primera vez una persona que perteneció al círculo más cercano a la cúpula dirigencial declara como testigo presencial y ha aportado evidencia documental para acreditar lo que ha revelado.
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Keiko Fujimori mantiene el liderazgo desde el anexo del penal de Chorrillos donde cumple detención preventiva, mediante reuniones frecuentes con allegados a la cúpula y miembros de la bancada de Fuerza Popular, como lo acreditó una investigación de La República.
Según la versión del colaborador eficaz –uno de los más cercanos a la lideresa de Fuerza Popular que ha confesado hasta el momento ante las autoridades–, el partido fujimorista está estructurado en tres “brazos”: el “brazo político”, el “brazo financiero” y el “brazo legal”. Los responsables de cada “brazo” son personas que mantienen una antigua relación con Keiko Fujimori y son de extrema confianza, según comprobó el testigo ante el Equipo Especial Lava Jato.
Por propia iniciativa, el colaborador eficaz describió el funcionamiento de cada uno de los “brazos” de Fuerza Popular:
“El brazo político está integrado por Ana Herz de Vega y Pier Figari Mendoza, quienes coordinaban con los voceros, asesores y coordinadores de la bancada, miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), respecto de las acciones políticas ya tomadas para su ejecución”, explicó.
“El brazo financiero era dirigido por Adriana Tarazona Martínez, quien se encargaba de ejecutar las actividades proselitistas y de los temas financieros, contando con el apoyo de Érika Yoshiyama Koga, Carmela Paucará Paxi, Fernando Pulido Casimiro, Carolina Pacheco Quispe, Gianinna Delgado Rospigliosi, Lourdes Cortés Tarazona (hija de Adriana Tarazona) y Luis Mejía Lecca”, señaló. Esta información es relevante porque otros testigos han manifestado que, cuando la extesorera del partido Adriana Tarazona despachaba en el mismo local donde Keiko Fujimori dirigía la campaña presidencial del 2011, el congresista Rolando Reátegui Flores recibió dinero de manos de Tarazona para depositarlo a nombre de un grupo de personas que el legislador había reclutado en la región San Martín como falsos aportantes. Los recibos de estas donaciones simuladas de dinero luego fueron entregados por Reátegui a Tarazona, quien era una persona del cogollo de Keiko Fujimori.
“El tercer brazo es para temas penales o legales en los que estaba involucrado el partido Fuerza Popular y la señora Keiko Fujimori, y que estaba dirigido por Vicente Silva Checa, que en un primer momento trabajaba en coordinación con el estudio Oré Guardia y luego con el estudio de Giuliana Loza Ávalos”, señaló.
Vicente Silva negó cumplir funciones de asesor de Keiko Fujimori, no obstante que en su casa fueron encontrados documentos relacionados al caso Lava Jato y particularmente de Odebrecht, empresa que donó 1 millón de dólares a la excandidata. La versión del colaborador eficaz contradice lo dicho por Silva.
Además, la información del testigo confirma la imputación del Equipo Especial Lava Jato contra los abogados del estudio Oré Guardia y de Giuliana Loza –anteriores y actuales defensores de Keiko Fujimori–, de presuntamente haber cometido acciones de obstrucción a la justicia. La acusación se basa en el testimonio de falsos aportantes, quienes aseguran haberse reunido en el estudio Oré Guardia con algunos abogados, y que recibieron instrucciones para que declarasen falsamente que sí habían aportado dinero a las campañas de Keiko Fujimori, cuando sucedió todo lo contrario. Los abogados lo niegan (ver nota aparte).
El colaborador eficaz arguyó que cuando empezó la investigación fiscal sobre los falsos aportantes, la organización de Fuerza Popular se puso inmediatamente en funcionamiento para que no se descubriese la existencia de los donantes simulados. Lo sabía porque fue testigo presencial.
“Con relación al tema de los falsos aportantes puedo precisar que desde 2015, cuando (las autoridades) pedían información oficial sobre los aportantes simulados, quien siempre entregaba la información a las autoridades respecto de sus aportes efectuados era (la extesorera) Adriana Tarazona Martínez, quien contaba con el apoyo de Gianinna Delgado Rospigliosi, Carolina Pacheco Quispe y Rocío Pardo-Figueroa Álvarez”, detalló el colaborador eficaz.
“Ellas sacaban copia a los recibos (de los falsos aportantes) e información contable del partido y lo entregaban a los estudios de abogados que estaban viendo el tema de los falsos aportantes. Los recibos eran el sustento para que hicieran los descargos correspondientes y fueran utilizados en las investigaciones”, describió.
El testigo reveló que la persona que conoce toda la estructura financiera del partido, las cuentas, entidades bancarias, etc., era la extesorera Adriana Tarazona Martínez, la íntima de Keiko Fujimori.
“De 2010 a 2018, Tarazona se dedicó al manejo de bancos, pagos a proveedores y organización de actividades proselitistas. Incluso en varias oportunidades la vi conversar dentro de su oficina con Jorge Yoshiyama Sasaki”, el sobrino del exjefe de campaña Jaime Yoshiyama Tanaka. Esta información también es relevante porque, como lo ha declarado el exrepresentante de Odebrecht Jorge Barata, le dio 1 millón de dólares a Jaime Yoshiyama. Luego, Jorge Yoshiyama confesó que su tío le entregó 800 mil dólares y le ordenó que depositara ese dinero a la campaña presidencial de Keiko Fujimori mediante falsos aportantes. Varios falsos aportantes ya admitieron ante el Equipo Especial Lava Jato que Jorge Yoshiyama, efectivamente, los reclutó para dicha finalidad.
Luego, el colaborador eficaz detalló cómo actuaba Tarazona, el cerebro financiero de Fuerza Popular: “Trabajaba bajo un esquema muy definido que tenía tres componentes:
1) dirigido por Lourdes Cortés Tarazona, quien se encargaba de todo lo relacionado con los medios de comunicación, publicidad electoral y remitía información a los estudios de abogados. También buscaba y entregaba documentos de los aportantes al estudio Oré Guardia, Loza o a los abogados Juan Alarcón Caycho, Julia Pacheco Garmendia y Liza Ramos Dávila, para cuya función recibían apoyo de Gianinna Delgado y Rocío Pardo-Figueroa”, relató el testigo.
“2) El componente de bancos que entre 2013 a 2016 estuvo dirigido por Carolina Pacheco Quispe y por Gianinna Delgado entre 2016 y 2017. Ellas realizaban depósitos, pagos a proveedores y sobre todo manejaban las claves de Internet de los bancos para las transacciones del partido. Además se comunicaban con los candidatos al Congreso y a las diferentes alcaldías para que informen sobre sus ingresos y gastos”, apuntó.
“3) El tercer componente estaba conformado por Érika Yoshiyama Koga y Rafael Herrera Mariños, encargados de la elaboración de los estados financieros y procesaban los formatos de la ONPE. Recibían el apoyo de Gianinna Delgado, Rocío Pardo-Figueroa y Carolina Pacheco Quispe”, indicó.
El 27 de agosto, precisamente, el fiscal José Domingo Pérez allanó los domicilios de Gianinna Delgado y Rocío Pardo-Figueroa, en busca de los documentos del partido que quedaron en manos de ambas personas.
La posición privilegiada que tuvo el colaborador eficaz le permitió tener acceso a información sobre el funcionamiento de Fuerza Popular, una organización política que toma decisiones y las ejecuta con la autoridad y el conocimiento de Keiko Fujimori.
Giuliana Loza Ávalos - Abogada
“Falso, yo no dirigí esas reuniones regulares y esporádicas que se dieron sobre todo a raíz de las detenciones. Se trataba de reuniones de abogados en un caso complejo para informarnos. No estábamos todos. No había nada ilícito en esas reuniones. No había incompatibilidad”.
Humberto Abanto - Abogado
“Fueron reuniones de conversación. No hay nada de extraño porque es un caso complejo y los abogados se reúnen para ver que no haya incompatibilidad en su defensa. Hemos tenido tres o cuatro reuniones en el periodo de la prisión preventiva particularmente. No hay nada de malo”.
Conciliábulos. “Tengo conocimiento de que la abogada Giuliana Loza era quien llevaba a cabo y dirigía las reuniones de todos los abogados de Fuerza Popular y de algunos investigados en 2018. Se realizaban los lunes o martes a las 5 p.m. en su estudio en Parque Norte, San Borja”, dijo el testigo.
Con procesados. “Participaban Adriana Tarazona, Julia Pacheco Garmendia, Juan Alarcón Pacheco, Humberto Abanto Verástegui, donde se trataban temas relacionados con el caso de los falsos aportantes”, señaló el colaborador eficaz.
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