Al parecer la firma de la adenda que permitirá reanudar la III Etapa de Chavimochic está en peligro, luego de conocerse “pagos oscuros” por casi medio millón de dólares por la concesión de la irrigación. En su opinión, ¿se debería suscribir o no la adenda bajo la actual coyuntura?
Bueno, yo ya he dado mi punto de vista sobre este tema. La decisión final le corresponde al gobernador Manuel Llempén, quien deberá analizar en función de los intereses de los liberteños. Yo puedo dar una opinión como ciudadano. No debemos negociar con una empresa que tanto daño le ha hecho a los peruanos, ¿no? Está probado que (Odebrecht) no solamente ha corrompido a los funcionarios de este país sino que ha robado. Y esta indignación que siento la comparten millones de peruanos.
Si no se firma la adenda, entonces ¿qué hacer? El proyecto lleva dos años y medio paralizado.
Podría hacerse un corte y ejecutar la III Etapa de Chavimochic, en este caso como prioridad culminar la represa Palo Redondo, a través de una licitación como obra pública. Finalmente los recursos económicos están asegurados para culminar Palo Redondo. Los recursos hoy existen…
Quizás el problema no va por lo económico…
Hasta ahora, el concesionario –en este caso Odebrecht– no ha invertido un solo dólar en la III Etapa de Chavimochic. Y en cuanto al diseño financiero-económico, la presa se haría –y así está estipulado (en el contrato)– con los recursos públicos. Yo creo que eso sería el camino más saludable y sano para los intereses de los peruanos. Sé que estamos apresurados para que se ejecute esa obra y es más, lo necesitamos porque va a generar trabajo; pero no podemos claudicar a los intereses del país, en especial cuando hay algunos principios y valores que se han trastocado en esta licitación. Está claro que ha habido corrupción en esta tercera etapa.
En otras palabras, usted me deja entrever que no debe firmarse la adenda.
Como le digo, es una decisión que le corresponde al gobernador; sin embargo, hoy doy una opinión como ciudadano.
Y como exgobernador, sobre todo.
Hoy existe el ciudadano Luis Valdez y estoy dando una opinión que ya la he dado antes y no la he cambiado.
Lo que pasa es que si no se firma la adenda corremos el riesgo de ir a un arbitraje y eso prolongará más tiempo el reinicio de la tercera etapa.
Es que arbitraje va haber con o sin adenda, porque la empresa Odebrecht ha incumplido el cierre financiero y el Estado tendrá que demandar las penalidades que ha generado este incumplimiento. Tenemos que defendernos como Estado.
¿Puede haber un arbitraje y de manera paralela se puede ejecutar las obras que restan?
Claro que sí.
Se convocaría a una nueva licitación…
Y eso lo puede hacer el Gobierno dando un decreto supremo o en todo caso apelando a mecanismos legales. La inversión que se ha hecho hasta ahora de US$ 300 millones no puede perderse. La cifra restante, unos US$ 90 millones, debe ejecutarse mediante obra pública. Pese a que ha sido una concesión, solamente el Estado ha invertido y la concesionaria ni un sol.
¿Esa nueva licitación sería para culminar solo la presa o toda la tercera etapa?
Por lo menos la presa, que es lo más inmediato y lo que falta –como es el canal madre– tiene que buscarse otra forma, de repente otra licitación donde venga un privado, sin ninguna acusación, para que se haga cargo también del mantenimiento y operación de la primera, segunda y tercera etapa.
¿Qué impresión le ha dejado esta revelación de pagos oscuros? Se hablaba de coimas para la concesión, pero no había ni indicios y menos pruebas.
Indicios siempre han habido y yo siempre lo he manifestado: el contrato es una muestra clara de que ha habido corrupción porque no se puede explicar cómo se ha firmado un contrato tanto benévolo y ventajoso para Odebrecht y bastante desfavorable para el Estado.
Bueno, el contrato fue lesivo para los intereses de la región.
Totalmente.
Ha tenido la oportunidad de hablar con el gobernador estos días y decirle esto.
No, no, no. No me corresponde a mí eso.