PJ admitió nuevas pruebas para el caso de la red Orellana infiltrada en la Sunarp

Juzgado admitió incluir materiales que propuso la Fiscalía para el caso en el que se encuentran Ludith Orellana, Álvaro Delgado Scheelje, entre otros. Declaraciones, llamadas telefónicas y auditorías ingresarán al proceso contra la red criminal en la Sunarp. ,PJ admitió nuevas pruebas para el caso de la red Orellana infiltrada en la Sunarp ,El Cuarto Juzgado Nacional Unipersonal a cargo de la magistrada Fernanda Ayasta aprobó cinco nuevos medios de prueba presentados por el Ministerio Público en el proceso seguido contra 22 implicados que, en conjunto, orquestaron una red criminal al interior de la Sunarp entre el 2009 y 2013. En la lista de acusados se encuentra la presunta cabecilla de la organización delictiva, Ludith Orellana. Al ser uno de los primeros procesos que se encabezarán contra el entramado de Rodolfo Orellana, los fiscales Eiser Jiménez y Elvis Suárez sustentaron durante la mañana de este martes documentos y declaraciones para solicitar su inclusión en el caso, pues estos llegaron de forma posterior a la acusación presentada el 14 de marzo del 2018. PUEDES VER Solicitan decomiso de 5000 m2 del hospital Valdizán en juicio contra red Orellana en la Sunarp En consecuencia, por la tarde la jueza decidió admitir al caso el requerimiento. Así, entrará en el proceso el CD proporcionado por Entel Perú S.A. que consigna 533 llamadas en el 2009 entre los acusados Álvaro Delgado Scheelje, exjefe de la Sunarp; Ludith Orellana y Carla Cruzado. Este registro, además, coincidió con las fechas de registro de 10 títulos de propiedad fraudulentos en el citado año. Por otra parte, se incluirá también el CD con tres archivos Excel que acreditan las llamadas telefónicas de la misma compañía para otros cinco documentos más de propiedad en el 2010. Estos levantamientos de secretos en las comunicaciones fueron autorizados por un juez, precisó el fiscal anticorrupción Jiménez. Asimismo, el informe de la Unidad de Tecnologías de la Información 207-2018-SUNARP -Z.R.NIX/UTI de la Sunarp formará parte de los documentos en el juicio. Este contiene tablas de auditorías que señalan que tanto Wilfredo Núñez como Pedro Guzmán Molina, ambos acusados en el caso, visualizaron los títulos que ingresaban a Mesa de Partes para luego direccionarlos a la sección 77, donde se operaba ilícitamente para la red Orellana. PUEDES VER Odebrecht: suspenden declaración de testigos en Uruguay por caso Toledo En cuanto a las declaraciones, se adjuntará la del fallecido Pedro Landa Niada, quien de acuerdo a la Fiscalía, en sus testimonios de setiembre del 2015 y de marzo del 2016 en calidad de investigado, "reconoce de forma voluntaria que la escritura de compra-venta lo realizó a pedido de Rodolfo y Ludith Orellana a cambio de una comisión". Su versión complica además el estado de las acusadas Patricia Rojas y Katherine Díaz, pues estas lo habrían citado al estudio Orellana "para firmar documentos como minutas escrituras, compra-venta, contratos, entre otros". Otro oficio que aportará al seguimiento del juicio es la aceptación de la copia de la sentencia de 13 años de prisión por falsificación de documentos en julio del 2015 contra Manuel Villacréz Arévalo, exchofer de Rodolfo Orellana. Pedidos denegados La Fiscalía solicitó también que se consideren en el proceso la denuncia verbal de Álvaro Delgado Scheelje, realizada en julio del 2014, cuando este declaró ante la justicia en calidad de testigo reservado con código 01-2014. Allí declaró que el único medio para direccionar los títulos de propiedad era a través del sistema de informática, incriminando a Wilfredo Núñez. Pese a ello, el Poder Judicial rechazó su inclusión en el caso. Acorde a ello, también se desestimó un acta que consignaba que Carlos Vargas Machuca, abogado acusado del caso, interceptó a Patricia Rojas "con la finalidad de ofrecerle un beneficio económico para así evitar ser vinculado con la red Orellana". Finalmente, es necesario destacar que la jueza Ayasta decidió rechazar también el pedido de César Nakazaki, abogado del exjefe de Sunarp, de incluir los reglamentos de organización de la institución, pues estos son públicos y no tienen fuerza de prueba.